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Procuraduría rechaza secuestro y abuso sexual de niña indígena en Cali
El organismo de control pidió celeridad en las investigaciones y requirió al ICBF informar las medidas adoptadas.
La Procuraduría General de la Nación manifestó su rechazo y profunda consternación por el secuestro y abuso sexual del que fue víctima una niña indígena de cuatro años en Cali, un hecho que calificó como una grave vulneración de los derechos fundamentales de la niñez.
A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio Público pidió a las autoridades competentes actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y garantizar justicia para la víctima.
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Ante la gravedad del caso, la Procuraduría requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informar de manera inmediata las acciones implementadas para el restablecimiento integral de los derechos de la menor. Asimismo, exhortó a la entidad a garantizar todas las medidas de protección, atención psicosocial y acompañamiento necesarias para salvaguardar el bienestar de la niña y de su núcleo familiar.
De acuerdo con la información conocida por las autoridades, los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de mayo en la plazoleta de San Francisco, ubicada en el centro de Cali. Según las primeras versiones, un hombre habría engañado a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado, aprovechándose de las condiciones de desplazamiento y extrema vulnerabilidad en las que se encontraba la familia.
La Procuraduría destacó que este tipo de hechos exige una respuesta institucional inmediata y coordinada para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
En ese sentido, el organismo de control solicitó a las autoridades judiciales y de investigación avanzar con celeridad en las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso, identificar plenamente al responsable y asegurar la aplicación de las sanciones contempladas por la ley.
El caso ha generado indignación y preocupación debido a la condición de vulnerabilidad de la víctima y su familia, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y garantizar el acompañamiento integral a la menor afectada.
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