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Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato para la compra de drones de la Policía Nacional

El organismo de control abrió una investigación disciplinaria contra funcionarios y exfuncionarios del FORPO y del CIPPA, por un contrato de más de $3.700 millones suscrito en 2022.

Procuraduría General de la Nación enero 2026 1
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 08/07/2026 - 21:05 Créditos: Procuraduría General de la Nación. Archivo particular

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), por presuntas irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato firmado en 2022 para la adquisición de drones destinados a la Policía Nacional de Colombia.

La investigación involucra al coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez, exdirector general del FORPO; a la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, entonces coordinadora del CIPPA; al intendente Ismael de Aguas, antiguo verificador de información de esa dependencia; y al mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien ejercía como supervisor del contrato por parte del FORPO.

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Con esta indagación se establecerá si durante el proceso de contratación para la compra de sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART), cuyo valor superó los 3.700 millones de pesos, se presentaron irregularidades que afectaran la legalidad y ejecución del contrato. 

Entre los aspectos bajo análisis figuran posibles deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista, aspecto que habría incidido en el desarrollo del proceso contractual.

La Procuraduría indicó que, en esta etapa, recopilará las pruebas necesarias para determinar las circunstancias en las que se adelantó el proceso contractual y establecer si los funcionarios involucrados actuaron conforme a sus deberes o incurrieron en conductas con relevancia disciplinaria. De esta manera, definirán si existe mérito para formular cargos contra los funcionarios y exfuncionarios vinculados al proceso.

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