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Procuraduría abre investigación a Irene Vélez por inundaciones en Córdoba y manejo de Urrá
El ente de control indaga posibles fallas en la operación del embalse y en la gestión del riesgo que habrían agravado la emergencia en la cuenca del río Sinú.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en su calidad de exdirectora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y otros funcionarios, por su presunta responsabilidad en las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba durante 2026.
Según el organismo, la emergencia asociada al desbordamiento del río Sinú no habría sido exclusivamente consecuencia de factores naturales, sino que existirían indicios de fallas institucionales y decisiones operativas que habrían intensificado la crisis.
La investigación se centra en el manejo del embalse de la hidroeléctrica Urrá S.A. E.S.P., donde se analizan posibles irregularidades en la regulación de caudales y en la prevención del riesgo.
Además de Vélez, el proceso involucra a funcionarios de la ANLA, directivos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, representantes de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, así como directivos y exdirectivos de la empresa Urrá.
Entre las presuntas irregularidades señaladas por la Procuraduría se encuentran una posible operación negligente del embalse, el incumplimiento de la denominada “Curva Guía Máxima”, fallas en los planes de gestión del riesgo y contingencias, así como omisiones en el control y vigilancia por parte de las autoridades.
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El ente de control también advierte que se habría priorizado la generación de energía sobre el control de inundaciones, además de registrarse respuestas tardías frente a las alertas detectadas durante la emergencia.
La decisión de abrir la investigación se tomó el 26 de marzo de 2026, tras el análisis de un informe técnico que recopiló información sobre lo ocurrido en los primeros meses del año en la cuenca del río Sinú.
Como parte del proceso, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas y solicitó información a entidades como la ANLA, Superservicios, la CVS, la empresa Urrá, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el IDEAM.
El objetivo es establecer si hubo conductas irregulares, determinar eventuales faltas disciplinarias e identificar a los posibles responsables de la emergencia que afectó a miles de habitantes en Córdoba.
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