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Por calumniar a policías en Cartagena confirman sanción contra Álex Flórez
El alto tribunal ratificó la suspensión e inhabilidad por seis meses contra el senador, al concluir que lanzó acusaciones sin fundamento contra uniformados durante un incidente en 2022.
El Consejo de Estado confirmó la sanción disciplinaria contra el senador Álex Flórez, al determinar que incurrió en calumnia contra miembros de la Policía durante un altercado ocurrido en Cartagena en 2022.
En un fallo de 46 páginas, la Sala Dos Especial de Decisión avaló la legalidad de la suspensión e inhabilidad especial por seis meses, al considerar que el congresista realizó señalamientos graves sin sustento contra los uniformados.
Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de septiembre de 2022, cuando Flórez, en medio de una comisión oficial en Cartagena, protagonizó un incidente en el Hotel Caribe tras intentar ingresar con una acompañante que no portaba documento de identidad.
Ante la negativa del personal de seguridad, el senador reaccionó de forma agresiva, lo que obligó a solicitar la presencia de la Policía. Según el fallo, al llegar los uniformados, el congresista, en estado de embriaguez, profirió insultos y los acusó de delitos graves, entre ellos homicidio.
El tribunal concluyó que Flórez fue consciente de sus afirmaciones, pues mantuvo un discurso coherente y reiteró las acusaciones incluso después de que los agentes negaran cualquier relación con los hechos mencionados.
La defensa del senador argumentó que este se encontraba en un estado de intoxicación alcohólica que le impedía comprender la gravedad de sus actos. Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó esta tesis tras analizar pruebas periciales y registros en video.
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Además, el alto tribunal consideró que las expresiones del congresista no correspondían a una crítica general a la institución, sino a imputaciones directas contra los policías presentes en el procedimiento.
Aunque inicialmente la Procuraduría había impuesto una sanción de ocho meses, esta fue reducida a seis en segunda instancia, decisión que ahora quedó en firme tras la revisión del Consejo de Estado.
El caso generó amplia repercusión pública debido a la difusión de los videos del incidente y reabre el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a sus declaraciones, incluso en contextos personales.
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