Olmedo López lleva ante la CIDH denuncias por presuntas interferencias de Petro

La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar presuntas interferencias que, según su abogado, estarían relacionadas con el expresidente Gustavo Petro y buscarían afectar la colaboración que el exfuncionario mantiene con las autoridades dentro de las investigaciones por el entramado de corrupción en la entidad.

José Luis Moreno, abogado de López, aseguró que las acciones denunciadas tendrían como propósito impedir que su cliente continúe entregando información a la justicia sobre las personas que estarían involucradas en los hechos investigados. El defensor sostuvo que las amenazas contra el exdirector de la UNGRD no han terminado y afirmó que la situación fue llevada ante la CIDH por el alcance que podrían tener las personas mencionadas en sus declaraciones.

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Moreno señaló que López ha rendido declaraciones contra personas que ocuparon posiciones de poder y explicó que esa circunstancia fue incluida entre los argumentos presentados ante el organismo internacional. “Olmedo López ha entregado declaraciones en contra de las personas más poderosas del país y no podemos olvidar a los que en su momento estaban ejerciendo el poder y, por eso, también hemos presentado unas denuncias ante la CIDH por las interferencias que ha podido generar el señor, hoy en día expresidente, Gustavo Petro”, afirmó el abogado.

La defensa indicó que las autoridades deben considerar las condiciones bajo las cuales López continúa colaborando con la justicia. Moreno aseguró que su cliente ha enfrentado intentos de intimidación y presuntos ofrecimientos dirigidos a silenciarlo. También manifestó que algunas de las amenazas más recientes fueron informadas a la Fiscalía, aunque no se hicieron públicas por solicitud del propio exfuncionario.

Entre los hechos denunciados se encuentran amenazas que, según Moreno, estarían vinculadas con grupos armados ilegales. El abogado relató que personas relacionadas con la seguridad de la residencia de López recibieron una advertencia asociada con las declaraciones que el exdirector de la UNGRD continúa entregando a las autoridades.

De acuerdo con el defensor, la amenaza señalaba que, si López seguía hablando, podrían colocar un explosivo. “Pasaron los espacios de seguridad que tenía la vivienda de Olmedo López a hacerle una amenaza orientada a que, si seguía hablando, el siguiente acto es ponerle una bomba”, sostuvo Moreno.

El representante jurídico agregó que su cliente también recibió otras intimidaciones durante febrero de 2026. A estos episodios, según la defensa, se suman presuntos ataques informáticos, interceptaciones ilegales y accesos sin autorización a información relacionada con el proceso judicial.

Moreno aseguró que prepara otra denuncia para poner estos hechos en conocimiento de las autoridades. El abogado indicó que en otro despacho judicial quedó constancia de un episodio relacionado con información que, según afirmó, fue eliminada de su computador. Posteriormente, señaló, investigadores realizaron una trazabilidad de lo ocurrido.

Las actuaciones de la defensa ante la CIDH se conocen mientras continúa el proceso penal contra López por su participación en el caso de corrupción de la UNGRD. Sus abogados solicitaron al juez tener en cuenta la colaboración que ha prestado a las autoridades y su decisión de aceptar responsabilidad por los delitos que le atribuye la Fiscalía.

La defensa busca una sentencia anticipada que podría establecer una pena de entre cinco y siete años de prisión, además de una multa cercana a los 14.000 millones de pesos. La lectura de la sentencia está programada para el próximo 14 de diciembre.

López informó a la Fiscalía su intención de aceptar responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Este último está relacionado con recursos que, según el proceso, fueron destinados para beneficio propio y de terceras personas.

Pese a su decisión de aceptar cargos, el exdirector de la UNGRD mantiene su disposición de continuar aportando información a las autoridades en calidad de testigo dentro de las investigaciones derivadas del caso. Sus declaraciones hacen parte de procesos que involucran a congresistas, ministros y otros funcionarios.

La determinación de allanarse a los cargos se produjo después de que no prosperara el preacuerdo que la defensa de López había establecido inicialmente con la Fiscalía. El 14 de abril, la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la decisión tomada en primera instancia por el juez quinto penal especializado de Bogotá, quien se negó a aprobar la negociación.

Uno de los puntos cuestionados fue el valor de la multa contemplada en el preacuerdo. El monto fue considerado insuficiente frente a la participación atribuida a López dentro del entramado de corrupción investigado en la UNGRD.

El Tribunal también planteó cuestionamientos sobre la precisión de la información presentada por la Fiscalía acerca de los recursos que López habría apropiado para beneficiar a terceras personas. Durante el trámite judicial fueron mencionadas distintas cifras relacionadas con esos dineros.

Según la decisión judicial, el monto establecido con precisión corresponde a los recursos que López habría apropiado directamente, calculados en 724 millones de pesos. Sin embargo, continuaban las dudas sobre las cantidades que habrían sido destinadas a terceros.

La magistrada Chamat Lozano indicó que era necesario establecer la cuantía del dinero apropiado en favor de otras personas y determinar los recursos reintegrados por López. Esa falta de precisión hizo parte de los argumentos que llevaron a que el preacuerdo no fuera avalado.

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