‘Ley Anticapuchos’: proyecto propone penas de cuatro a ocho años

Un nuevo proyecto de ley denominado ‘Anticapuchos’ fue radicado este 1 de septiembre en el Congreso de la República con el propósito de tipificar como delito el ocultamiento de la identidad mediante el uso de capuchas u otros elementos durante la comisión de actos vandálicos en manifestaciones públicas.

La iniciativa fue presentada por los representantes a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical. Según explicó Arizabaleta, el proyecto busca entregar nuevas herramientas a la Fuerza Pública para garantizar el ejercicio de la protesta pacífica.

De acuerdo con la propuesta, quien utilice deliberadamente prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos similares para ocultar su identidad mientras comete actos vandálicos en medio de una manifestación pública podría enfrentar penas de prisión de entre 54 y 96 meses, es decir, de cuatro a ocho años, además de multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La propuesta establece que estas penas serían no excarcelables, siempre que se configuren las condiciones previstas en el nuevo tipo penal que busca crear el proyecto.

¿Qué plantea la ‘Ley Anticapuchos’?

El representante Julio César Triana explicó que el objetivo es crear en Colombia un tipo penal específico relacionado con el ocultamiento de la identidad cuando este sea utilizado para cometer actos vandálicos.

“La idea es crear un tipo penal en Colombia que haga que el ocultamiento de la identidad, cuando es utilizado para actos vandálicos, y da unas definiciones que le va a permitir al intérprete o al operador jurídico hacer más viable la aplicación de la norma, tenga una condena que no sea excarcelable”, señaló Triana.

El congresista también defendió la iniciativa argumentando que los actos de vandalismo generan afectaciones económicas a diferentes sectores.

“No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia”, afirmó Triana.

El proyecto contempla además circunstancias agravantes cuando durante los actos vandálicos se utilicen artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas o cualquier otro medio que permita afectar a personas o bienes públicos y privados.

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También se plantea un agravante cuando las conductas sean cometidas en lugares considerados especialmente sensibles, entre ellos establecimientos educativos, instituciones prestadoras de servicios de salud, instalaciones de organismos de socorro, bienes de interés cultural e infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos esenciales.

Jaime Arizabaleta aseguró que la intención del proyecto no es restringir las manifestaciones pacíficas, sino establecer consecuencias para quienes utilicen las protestas como escenario para cometer delitos.

“Aquí lo que queremos es fortalecer el derecho a la protesta. El 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar”, sostuvo el representante.

Sin embargo, Arizabaleta agregó que, desde su perspectiva, quienes utilizan una capucha durante una manifestación con el propósito de cometer delitos deben responder ante las autoridades.

“Pero se sabe que quien usa una capucha en medio de una protesta, sale a delinquir”, agregó.

Por ahora, el proyecto de ley ‘Anticapuchos’ apenas inicia su trámite en el Congreso, por lo que sus disposiciones deberán ser discutidas y eventualmente modificadas durante el proceso legislativo antes de determinar si se convierten en ley de la República.

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