La CIDH revisará posible responsabilidad del Estado por asesinato de líder social en Antioquia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar el caso del asesinato del líder social y minero Jaime Gallego Gómez, conocido como “Mongo”, para determinar si el Estado colombiano habría incurrido en omisiones frente a las medidas de protección que debía garantizarle.

El organismo internacional analizará si las autoridades incumplieron su deber de protección pese a que el dirigente contaba con medidas cautelares desde 2016 debido a amenazas en su contra por su liderazgo en el nordeste antioqueño.

El caso cobró relevancia nacional después de que Jaime Gallego fuera secuestrado presuntamente por integrantes del Clan del Golfo. Cinco días después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en la madrugada del 9 de marzo de 2025 en la vereda El Jabón, zona rural del municipio de Vegachí.

Entre los elementos que revisará la CIDH se encuentran las actuaciones adelantadas por las autoridades tras el secuestro y el hecho de que el vehículo del líder social contaba con sistema de rastreo satelital.

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En su momento, el presidente Gustavo Petro señaló públicamente a alias Máximo como presunto responsable del secuestro, en medio de las denuncias sobre la presencia y control de grupos armados ilegales en esa región de Antioquia.

Jaime Gallego Gómez era reconocido por su defensa de la minería tradicional y por denunciar las presiones de estructuras criminales sobre las comunidades mineras del nordeste antioqueño. Además, fue fundador de la Asociación Mesa Minera Segovia–Remedios, integrante de organizaciones de víctimas y líder de procesos culturales y sociales en la región.

También había participado en política como candidato a la Alcaldía de Segovia por el Pacto Histórico y era considerado una de las voces más visibles en defensa de los derechos de los mineros artesanales y las comunidades rurales del territorio.

Con la apertura del estudio por parte de la CIDH, el caso entra en una nueva etapa internacional en la que se evaluará si existieron fallas estatales en la prevención y protección del líder social antes de su asesinato.

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