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JEP ordena nuevas medidas para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz

Tras documentar asesinatos, estigmatización y fallas institucionales, la JEP refuerza la protección de excombatientes de las Farc.

Magistrado Ramelli JEP
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 20/05/2025 - 20:51 Créditos: https://www.jep.gov.co/ Magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, ordenó nuevas medidas para fortalecer la seguridad de las personas en proceso de reincorporación, luego de identificar un deterioro en las garantías de protección y un aumento de los riesgos. La decisión se tomó tras una audiencia pública realizada el pasado 10 de abril, donde se analizó el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas en 2020.

Según un reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), titulado La reincorporación desarraigada, se han registrado 602 hechos de violencia contra firmantes del Acuerdo Final de Paz, incluyendo 456 asesinatos desde 2016. El 94% de las víctimas comparecían ante la JEP, participando en la verdad y reparación de las víctimas, y el 12% estaba vinculado a trabajos con contenido restaurador (TOAR).

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La UIA también advirtió que seis espacios de reincorporación se encuentran en riesgo de desaparecer, varios de ellos en territorios controlados por grupos armados ilegales. Ante esta situación, la JEP instó al ministerio de Defensa a reforzar la presencia de la fuerza pública en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Aetcr), así como en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).

De acuerdo con datos entregados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), actualmente operan 23 Aetcr en 13 departamentos del país, albergando a 1.705 firmantes. Además, existen 19 NAR que concentran a más de 3.100 personas en proceso de reincorporación.

Aunque la JEP reconoce avances institucionales como el Plan Estratégico de Seguridad y Protección y la implementación de una política de desmantelamiento de grupos criminales, advierte que los riesgos persisten. Por ello, insiste en la necesidad de una acción coordinada del Estado para garantizar la vida, la participación política y el cumplimiento de las sanciones restaurativas por parte de los firmantes de paz.

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