JEP da tres días a Corte Suprema para informar sobre Sandra Ramírez y caso Miguel Uribe

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia información sobre la posible participación o conocimiento de la exsenadora Sandra Ramírez Lobo Silva en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El requerimiento, conocido este martes 10 de noviembre de 2026, establece un plazo de tres días hábiles para que el alto tribunal responda si existen investigaciones, actuaciones judiciales o elementos que relacionen a la exintegrante de las Farc con el asesinato del dirigente político.

La solicitud fue formulada por la magistrada Lily Rueda Guzmán, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, mediante un auto en el que se ordena verificar si Ramírez aparece mencionada en la compulsa de copias que la Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia el pasado 21 de octubre.

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La decisión judicial se produjo después de las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien reveló información sobre la presunta participación de Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico del antiguo comandante de las Farc Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, e hijo de crianza de Sandra Ramírez, en hechos relacionados con la planeación del magnicidio.

De acuerdo con lo conocido sobre la providencia, la magistrada Rueda Guzmán solicitó establecer si la excongresista está comprendida en las actuaciones que adelanta la Corte Suprema, teniendo en cuenta el fuero constitucional que tenía durante el periodo al que corresponden los hechos investigados.

En el auto, el despacho judicial señala que considera necesario determinar si Sandra Ramírez figura en la compulsa de copias remitida por la Fiscalía y si existen actuaciones o elementos de información que permitan relacionarla con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El requerimiento también está dirigido a la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las investigaciones penales por el atentado contra el dirigente político. La información solicitada permitirá a la JEP conocer el alcance de las actuaciones judiciales relacionadas con la exsenadora, quien se sometió a la justicia transicional después de la firma del acuerdo de paz con las Farc.

El antecedente inmediato de esta decisión corresponde a las declaraciones entregadas por María Claudia Tarazona el pasado 19 de octubre, cuando aseguró que la Fiscalía había recibido información sobre una presunta conexión entre Enrique Marulanda y personas vinculadas con la estructura criminal que habría intervenido en la planificación del asesinato de su esposo.

Tarazona manifestó que la información hacía referencia a una explotación minera ilegal ubicada en los departamentos de Vaupés o Guainía, presuntamente administrada por Enrique Marulanda y relacionada con un hombre conocido como alias “John 40”, señalado como integrante de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las antiguas Farc.

Según la versión de la viuda del senador, Marulanda estaría encargado de la administración y custodia de esa explotación minera. También afirmó que la información recibida por la Fiscalía podría relacionarlo con la coordinación de la orden para cometer el magnicidio.

Estos señalamientos corresponden a la información divulgada por Tarazona y no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad de Enrique Marulanda, Sandra Ramírez o las demás personas mencionadas.

La referencia a Sandra Ramírez surgió por su relación familiar con Enrique Marulanda, a quien Tarazona identificó como hijo de crianza de la exsenadora. Ramírez fue compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, uno de los fundadores y principales comandantes de las Farc, fallecido en marzo de 2008.

La excongresista hizo parte de la antigua organización guerrillera y posteriormente participó en la actividad política legal como integrante del partido surgido del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc.

Ramírez ocupó una curul en el Senado de la República durante el periodo legislativo iniciado en 2018, como parte de la representación política establecida para los antiguos integrantes de esa organización mediante el acuerdo de paz.

En paralelo con la solicitud relacionada con el magnicidio, la JEP adelanta una revisión de los compromisos que Sandra Ramírez adquirió cuando se sometió al sistema de justicia transicional.

Según la providencia conocida este martes, la exsenadora suscribió el 4 de diciembre de 2017 un acta de compromiso mediante la cual aceptó las condiciones establecidas para acceder a los tratamientos jurídicos contemplados en el acuerdo de paz.

Entre esas obligaciones figuran la dejación de las armas, el compromiso de no reincidir en actividades delictivas, la contribución al esclarecimiento de la verdad y el cumplimiento de las disposiciones de la justicia transicional.

El régimen de condicionalidad establece que los antiguos integrantes de las Farc deben cumplir los compromisos adquiridos para conservar los beneficios jurídicos derivados de su sometimiento a la JEP. La jurisdicción puede examinar eventuales incumplimientos mediante los procedimientos correspondientes.

La solicitud dirigida a la Corte Suprema se produce mientras Sandra Ramírez también comparece ante la JEP por hechos relacionados con el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante el conflicto armado.

La exsenadora fue convocada a rendir versión voluntaria dentro del Caso 07, investigación que comprende el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de las antiguas Farc y otras violencias cometidas contra menores durante su permanencia en las filas guerrilleras.

En ese expediente, la jurisdicción investiga las responsabilidades de antiguos integrantes de la organización y las circunstancias en las que menores de edad fueron incorporados a sus estructuras armadas.

La comparecencia de Ramírez está relacionada con las funciones que desempeñó durante su permanencia en las Farc, su posición dentro de la organización y los señalamientos formulados por víctimas sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado.

La exsenadora había solicitado, por intermedio de su defensa, modificar las condiciones de su comparecencia y presentar su versión mediante respuestas escritas. Sus abogados argumentaron circunstancias de seguridad, amenazas y estigmatización.

La diligencia comenzó el pasado 4 de noviembre y está prevista su continuación para el jueves 12 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, mediante una sesión virtual. La magistrada Lily Rueda dispuso medidas de reserva sobre la documentación judicial que será examinada durante el procedimiento.

La investigación por reclutamiento de menores y el requerimiento sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay corresponden a actuaciones distintas de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En cuanto al asesinato del senador, la solicitud conocida este martes no constituye una imputación de cargos contra Sandra Ramírez ni establece que haya participado en la planificación, financiación o ejecución del crimen.

Hasta el momento, la información divulgada sobre el auto no confirma que la exsenadora esté formalmente vinculada a una investigación penal por el magnicidio. Precisamente, la JEP solicitó a la Corte Suprema y a la Fiscalía aclarar si existen actuaciones judiciales relacionadas con ella.

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