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JEP activa sanciones de siete exintegrantes del secretariado de las FARC
Entre los sancionados está Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció formalmente las condiciones bajo las cuales siete antiguos integrantes del secretariado de las FARC-EP deberán cumplir las sanciones impuestas dentro del Caso 01, relacionado con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por esa antigua guerrilla.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
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Las medidas están relacionadas con su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre otros hechos, con graves privaciones de la libertad, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado.
La JEP estableció diferentes periodos de cumplimiento para cada uno de los comparecientes. Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años.
En el caso de Jaime Alberto Parra, la duración será de siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años, y Rodrigo Granda, cinco años.
Al tratarse de sanciones propias de la JEP, su cumplimiento contempla restricciones y actividades restaurativas, en lugar de una pena ordinaria.
Entre las condiciones establecidas se encuentra la obligación de permanecer en una residencia fija, cumplir un horario determinado de trabajo y acatar restricciones para desplazarse. Algunos desplazamientos requerirán autorización previa.
Además, los sancionados tendrán prohibido salir del país sin autorización y deberán utilizar un dispositivo de seguimiento electrónico durante la ejecución de la sanción.
La decisión también contempla un componente restaurativo compuesto por 79 acciones que deberán desarrollarse en diferentes territorios del país.
Las actividades están relacionadas con la memoria y reparación simbólica, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la protección del medioambiente y el territorio y acciones relacionadas con las minas antipersonal.
Uno de los primeros proyectos se desarrollará entre el 21 y el 30 de septiembre en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila.
En esta intervención participarán Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel, quienes apoyarán las labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Entre las tareas previstas están la organización del área, preparación y traslado de herramientas e insumos, señalización, apoyo topográfico, retiro controlado de vegetación, suelo y sedimentos, excavación manual y apoyo logístico a los equipos de antropología encargados de la prospección humanitaria.
La JEP aclaró que estas actividades no constituyen una nueva sanción, sino que hacen parte de los proyectos restaurativos establecidos dentro de la sentencia.
La selección del cementerio San Antonio de Padua responde a información suministrada por la UBPD sobre personas dadas por desaparecidas en el marco del Caso 01 en Huila y a la existencia de víctimas acreditadas en esa región.
Con la decisión, el Tribunal para la Paz asume formalmente el seguimiento de las sanciones y deberá verificar el cumplimiento de las actividades restaurativas, las restricciones de movilidad y las demás condiciones establecidas para los siete antiguos integrantes del secretariado.
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