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Imputan a seis personas por irregularidades en contrato de alimentos para FF.MM. en Cesar

Exfuncionarios, militares y un contratista enfrentan cargos por un contrato de $100 millones que nunca se cumplió.

FFMM Cesar
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 25/06/2025 - 14:06 Créditos: Fiscalía General de la Nación / Capturados por posibles irregularidades en la ejecución de contrato

La Fiscalía General de la Nación imputó a seis personas por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para el suministro de alimentos a las Fuerzas Militares en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. El acuerdo, firmado el 14 de junio de 2022 por un valor de $100 millones, tenía como objetivo abastecer a soldados que prestarían servicio transitorio en la región.

Entre los procesados se encuentran los exfuncionarios de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, William Díaz Bazza, exsecretario de Gobierno, y Carlos Borrego Daza, exjefe de contratación. También fueron imputados el teniente coronel David Franco Durán, el sargento viceprimero Ricardo García Deiber, el teniente coronel Bernardo Antonio Rozzo y el contratista Alfonso Rodríguez Quiñonez.

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Los implicados enfrentarán cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión. 

Según la Fiscalía, en el proceso contractual se omitieron estudios previos y de mercado, y no se garantizó la pluralidad de oferentes, lo que habría direccionado el contrato hacia un único proveedor.

Además, se detectaron irregularidades en la supervisión y ejecución del contrato. Se firmaron actas de recibido a satisfacción con planillas que contenían los nombres de soldados que no habrían recibido los alimentos, pues estaban en vacaciones, permisos o licencias. A pesar de ello, el contrato fue pagado, terminado y liquidado como si se hubiera cumplido a cabalidad.

Las capturas se llevaron a cabo en Bogotá, Bucaramanga, Popayán y La Jagua de Ibirico por orden judicial, en operativos realizados por la Policía Nacional y el Ejército. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento domiciliaria a los seis imputados mientras avanza el proceso judicial.

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