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MinSalud propone crear un sistema de salud indígena por $300.000 millones en la recta final del Gobierno Petro
La propuesta busca financiar la transición de la AIC EPS-I al Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), un modelo que combinaría la medicina convencional con los saberes ancestrales y que genera inquietudes por el manejo de las deudas.
El Ministerio de Salud publicó para comentarios un proyecto de resolución que define las condiciones para ejecutar hasta $300.000 millones destinados a acompañar el cierre de la operación de la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPS-I) y avanzar en la implementación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
La AIC EPS-I ha funcionado como la EPS del régimen subsidiado para las comunidades indígenas del Cauca. Sin embargo, con el nuevo modelo, el Gobierno plantea que la atención en salud sea administrada directamente por el Territorio Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con un enfoque que combine la medicina convencional con los saberes ancestrales y respete las prácticas, tradiciones y creencias de los pueblos indígenas.
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Esta iniciativa desarrolla lo establecido en el Decreto Ley 0333 de 2026, que autorizó la destinación de esos recursos con el fin de garantizar una transición ordenada entre ambos esquemas.
El proyecto aclara que el dinero no será entregado directamente al CRIC, sino que el Ministerio de Salud transferirá los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que los manejará en una cuenta independiente y realizará los pagos directamente a hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y proveedores que tengan cuentas pendientes por servicios prestados a los afiliados de la AIC EPS-I.
Pero antes de realizar esos desembolsos, la AIC EPS-I deberá presentar la relación de las obligaciones pendientes y certificar los valores adeudados.
Esa información será revisada por la Superintendencia Nacional de Salud, quien verificará que los montos correspondan a los procesos de conciliación y depuración de cartera.
Solo después de ese control la ADRES podrá girar los recursos.
Aunque el mecanismo busca que los pagos lleguen directamente a los prestadores y fortalecer la trazabilidad de los recursos públicos, AIC EPS será quien definirá qué acreedores serán incluidos y cuánto recibirá cada uno.
El proyecto plantea un esquema similar al giro directo aplicado en otros procesos del sistema de salud, en el que la EPS define la priorización de los pagos, un mecanismo que ha generado inquietudes entre algunas IPS por el temor a que sus deudas no se salden por quedar muy abajo en la lista de prioridades.
De igual manera, el Ministerio de Salud advirtió que los $300.000 millones no necesariamente cubrirán la totalidad de las obligaciones acumuladas de la AIC EPS-I, cuyo déficit superaba los $264.100 millones al cierre de 2024.
No obstante, la cartera aseguró que cualquier deuda pendiente deberá resolverse antes de la entrada en operación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), con el fin de evitar que el nuevo modelo asuma los pasivos de la antigua EPS.
Además, la resolución establece que la AIC EPS-I, el CRIC y la red de prestadores deberán garantizar la prestación del servicio sin interrupciones y bajo condiciones de oportunidad, calidad e integralidad.
Durante la transición de la AIC EPS-I al Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), la Superintendencia Nacional de Salud vigilará el proceso, verificando los pagos realizados, supervisando la actualización de la información financiera de la EPS y haciendo seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución.
Por su parte, la ADRES deberá publicar los desembolsos efectuados y expedir las certificaciones correspondientes.
La puesta en marcha del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), a un mes del fin del Gobierno Petro, se suma a otro de los cambios estructurales impulsados por la administración saliente: la formalización de 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI) por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que tendrán facultades para administrar recursos públicos, ejercer gobierno propio y gestionar amplias zonas del territorio nacional.
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