Gobierno aclara que suspender capturas a voceros de paz en Itagüí no implica excarcelación

Tras la polémica generada por la solicitud del Gobierno a la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 miembros de la mesa de paz de Itagüí, la Oficina del Alto Comisionado de Paz emitió un comunicado para aclarar el alcance real de la medida y salir al paso de los cuestionamientos.

La oficina explicó que la decisión se enmarca en la Ley 2272 de 2022 y responde a las dinámicas del proceso de paz urbana que se adelanta en Medellín y el Valle de Aburrá. Según el comunicado, la medida "busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico".

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El punto que más controversia generó fue la posibilidad de que la suspensión de capturas implicara la liberación de los integrantes de las estructuras armadas que participan en el proceso. 

El Gobierno fue categórico al respecto: "De ninguna manera esta resolución implica la excarcelación de los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto en el proceso de Paz Urbana. Cualquier versión que asegure esto implica una grave e irresponsable desinformación".

La Consejería subrayó que este tipo de mecanismos jurídicos buscan facilitar el desarrollo del Espacio de Conversación Sociojurídico y avanzar en la construcción de un eventual Acuerdo Condicionado de Paz Urbana, sin comprometer la privación de libertad de los participantes.

Como respaldo a la estrategia, el Gobierno invocó los resultados en materia de seguridad en la región: la reducción de la tasa de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá durante los últimos dos años, que presentó como evidencia del avance en la política de desescalamiento.

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