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Funcionarios del Inpec estarían obstaculizando investigaciones por tortura, corrupción y abuso sexual en cárceles

Un informe remitido a la Corte Constitucional advirtió que las mayores restricciones al monitoreo independiente se presentan cuando las visitas buscan investigar presuntas violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles.

guardian inpec
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 03/07/2026 - 09:15 Créditos: Imagen tomada de RCN

Un informe enviado a la Corte Constitucional denunció que algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían dificultando las labores de monitoreo independiente en las cárceles del país, especialmente cuando las visitas tienen como propósito investigar presuntos casos de tortura, corrupción, violencia sexual y otros abusos contra las personas privadas de la libertad.

El documento fue remitido por la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión y expone una serie de obstáculos para verificar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano.

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Según el informe, las restricciones afectan el control externo sobre las órdenes impartidas por el alto tribunal para superar la crisis carcelaria y se intensifican cuando las investigaciones apuntan a posibles violaciones graves de derechos humanos o a prácticas abusivas por parte del cuerpo de custodia.

La Comisión sostiene que esos impedimentos estarían relacionados con algunos funcionarios del Inpec, quienes, según la denuncia, limitan el acceso y las labores de verificación en determinados casos.

El documento también señala que el acceso a los establecimientos penitenciarios suele ser menos restrictivo cuando las visitas están enfocadas en revisar aspectos como la prestación de servicios de salud, la alimentación o las condiciones de habitabilidad. En estos casos, las deficiencias suelen estar asociadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), así como a contratistas e interventorías responsables de la prestación de esos servicios.

Sin embargo, la situación cambia cuando las inspecciones buscan esclarecer denuncias relacionadas con corrupción, tortura, malos tratos, violencia sexual o presuntas prácticas abusivas de la guardia penitenciaria. En esos escenarios, la Comisión advirtió que aumentan los controles y las trabas para desarrollar el monitoreo y las labores de verificación independientes.

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