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Funcionarios del Inpec estarían obstaculizando investigaciones por tortura, corrupción y abuso sexual en cárceles
Un informe remitido a la Corte Constitucional advirtió que las mayores restricciones al monitoreo independiente se presentan cuando las visitas buscan investigar presuntas violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles.
Un informe enviado a la Corte Constitucional denunció que algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían dificultando las labores de monitoreo independiente en las cárceles del país, especialmente cuando las visitas tienen como propósito investigar presuntos casos de tortura, corrupción, violencia sexual y otros abusos contra las personas privadas de la libertad.
El documento fue remitido por la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión y expone una serie de obstáculos para verificar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano.
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Según el informe, las restricciones afectan el control externo sobre las órdenes impartidas por el alto tribunal para superar la crisis carcelaria y se intensifican cuando las investigaciones apuntan a posibles violaciones graves de derechos humanos o a prácticas abusivas por parte del cuerpo de custodia.
La Comisión sostiene que esos impedimentos estarían relacionados con algunos funcionarios del Inpec, quienes, según la denuncia, limitan el acceso y las labores de verificación en determinados casos.
El documento también señala que el acceso a los establecimientos penitenciarios suele ser menos restrictivo cuando las visitas están enfocadas en revisar aspectos como la prestación de servicios de salud, la alimentación o las condiciones de habitabilidad. En estos casos, las deficiencias suelen estar asociadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), así como a contratistas e interventorías responsables de la prestación de esos servicios.
Sin embargo, la situación cambia cuando las inspecciones buscan esclarecer denuncias relacionadas con corrupción, tortura, malos tratos, violencia sexual o presuntas prácticas abusivas de la guardia penitenciaria. En esos escenarios, la Comisión advirtió que aumentan los controles y las trabas para desarrollar el monitoreo y las labores de verificación independientes.
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