Fabio Arjona abre la puerta al regreso del fracking: plantea condiciones para reactivar la técnica en Colombia

El nuevo ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, dejó clara una de las posiciones que marcará el giro de la política ambiental del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

El funcionario entrante afirmó que el fracking podría regresar a Colombia, aunque únicamente bajo un conjunto de condiciones técnicas, científicas, regulatorias y ambientales que, según explicó, garanticen que la actividad pueda desarrollarse sin comprometer los ecosistemas ni las fuentes hídricas del país.

Sus declaraciones reabrieron uno de los debates más controvertidos de la agenda energética nacional, justo cuando Colombia enfrenta una reducción en sus reservas de gas natural y el nuevo Gobierno plantea revisar la política de exploración de hidrocarburos.

Lea sobre otro tema (Alcalde de Kansas City se unió al banderazo de la Selección Colombia y bailó con la afición)

Arjona sostuvo que el debate sobre el fracking no puede seguir reducido a posiciones ideológicas. En su criterio, la discusión debe sustentarse en evidencia científica, evaluación permanente de riesgos y una institucionalidad capaz de ejercer controles estrictos.

Explicó que cualquier decisión deberá apoyarse en estudios independientes, procesos de licenciamiento ambiental rigurosos y mecanismos permanentes de vigilancia que permitan intervenir de inmediato si se presentan afectaciones ambientales o sociales.

Dejó claro que no se trata de una autorización automática para desarrollar proyectos, sino de establecer previamente parámetros verificables que determinen si la técnica resulta viable bajo estándares internacionales.

El ministro designado explicó que uno de los elementos centrales será la protección del recurso hídrico. Señaló que la disponibilidad y calidad del agua deberá convertirse en un criterio innegociable para cualquier eventual proyecto de explotación de yacimientos no convencionales.

Según indicó, los sistemas de monitoreo deberán funcionar antes, durante y después de las operaciones para detectar oportunamente cualquier alteración sobre acuíferos, cuerpos superficiales o ecosistemas estratégicos. También insistió en que la información deberá mantenerse disponible para las autoridades y para las comunidades que habitan en las zonas de influencia.

Arjona manifestó igualmente que la eventual reactivación del fracking tendría que estar acompañada por reglas claras de transparencia y participación ciudadana. Consideró indispensable que las comunidades conozcan los estudios técnicos, los riesgos identificados y las medidas de manejo ambiental antes de cualquier autorización. En ese sentido, defendió procesos de diálogo que permitan incorporar observaciones de autoridades territoriales, organizaciones sociales, universidades y expertos independientes.

Las declaraciones del nuevo jefe de la cartera ambiental representan un cambio frente a la política aplicada durante el gobierno de Gustavo Petro, que promovió la prohibición definitiva de la fracturación hidráulica y suspendió el avance de proyectos piloto. Aunque esa prohibición nunca quedó plenamente incorporada al ordenamiento jurídico mediante una ley, el Ejecutivo anterior congeló los contratos y mantuvo una postura de rechazo frente a los yacimientos no convencionales. La reglamentación técnica, sin embargo, continúa vigente, circunstancia que permitiría a un nuevo gobierno retomar los proyectos mediante decisiones administrativas y regulatorias.

El contexto energético constituye uno de los principales argumentos de quienes defienden reactivar esta tecnología. Diversos análisis advierten que Colombia enfrenta una disminución de sus reservas de gas natural y una creciente dependencia de las importaciones para abastecer la demanda interna. Expertos consultados por distintos medios sostienen que el país deberá adoptar medidas para garantizar la seguridad energética durante la próxima década, mientras avanza la transición hacia fuentes renovables.

Le va a interesar (Cae la presunta encargada de las finanzas del Clan del Golfo y alias 'chiquito malo')

Precisamente, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció durante la campaña que uno de sus primeros decretos buscará habilitar nuevamente la exploración de yacimientos no convencionales bajo un modelo de "fracking responsable", acompañado de regulación estricta y vigilancia ambiental permanente. La designación de Fabio Arjona al frente del Ministerio de Ambiente parece alinearse con esa estrategia, aunque introduciendo condiciones técnicas que buscan evitar una liberalización inmediata de la actividad.

La técnica de fracturación hidráulica consiste en perforar formaciones rocosas profundas e inyectar grandes volúmenes de agua, arena y aditivos químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar gas o petróleo atrapado en yacimientos no convencionales. Países como Estados Unidos la utilizan ampliamente desde hace más de una década, mientras que otros Estados mantienen restricciones parciales o prohibiciones debido a los debates sobre sus posibles impactos ambientales, especialmente sobre aguas subterráneas, emisiones de metano, consumo hídrico y actividad sísmica inducida.

Quienes respaldan el fracking argumentan que la técnica podría ampliar significativamente las reservas de gas y petróleo, reducir la dependencia de combustibles importados, fortalecer la seguridad energética y aumentar los ingresos fiscales y las regalías para las regiones productoras. También sostienen que el gas natural puede desempeñar un papel de combustible de transición mientras aumenta la capacidad instalada de energías renovables.

En contraste, organizaciones ambientales, académicos y diversos sectores científicos mantienen fuertes cuestionamientos. En entrevistas recientes con Blu Radio, especialistas insistieron en que no existe un "fracking sostenible" plenamente demostrado y señalaron riesgos asociados con la contaminación de fuentes hídricas, la emisión de gases de efecto invernadero, el manejo de aguas residuales y la alteración de ecosistemas. También advierten que la inversión debería concentrarse en acelerar la eficiencia energética y la expansión de fuentes renovables antes que abrir nuevos proyectos extractivos.

Otro aspecto mencionado por Arjona es la necesidad de que cualquier decisión se base en evidencia verificable y no únicamente en posiciones políticas. El ministro designado sostuvo que el país debe evaluar objetivamente la información científica disponible y fortalecer la capacidad técnica del Estado para supervisar eventuales operaciones. Bajo esa visión, el Ministerio de Ambiente tendría un papel determinante en la definición de estándares ambientales, monitoreo permanente y control de cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas.

Las declaraciones del nuevo ministro llegan en un momento particularmente sensible para la política energética nacional. Colombia afronta discusiones sobre abastecimiento de gas, transición energética, exploración de hidrocarburos y competitividad económica, mientras diversos sectores advierten sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre crecimiento económico y protección ambiental.

La posición de Fabio Arjona anticipa que el próximo gobierno buscará construir ese equilibrio mediante una reapertura condicionada del debate sobre el fracking, una discusión que seguramente ocupará un lugar central en la agenda legislativa, ambiental y energética durante los próximos meses.

Otras noticias