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Fiscalía pide excluir testimonios clave en juicio contra Nicolás Petro
La fiscal Lucy Laborde solicitó inadmitir a testigos como Ricardo Roa, Lopesierra e Hilsaca por falta de justificación de su pertinencia en el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, la fiscal Lucy Laborde solicitó al juez excluir varios testimonios propuestos por la defensa por considerar que son impertinentes o no debidamente justificados.
Entre ellos figuran el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el empresario Gabriel Hilsaca; el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra; el empresario Christian Daes; la pareja actual de Petro, Laura Ojeda, y otros.
La fiscal argumentó que, en el caso de Ricardo Roa, su testimonio carece de pertinencia al no estar vinculado con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación, pues no se está juzgando la financiación de la campaña de Gustavo Petro.
En el mismo sentido, señaló que la defensa no justificó por qué testimonios como el de Lopesierra o el de Hilsaca serían necesarios para construir una teoría alterna que sustente la inocencia de Nicolás Petro.
Laborde calificó como inadmisible el intento de la defensa de citar a la exvicefiscal Martha Janeth Mancera y al fiscal Mario Burgos, al considerar que se busca convertir el juicio en un escenario para cuestionar la conformación del equipo investigador o denunciar presuntos sesgos institucionales, lo cual —según insistió— no corresponde al objeto procesal.
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“El juicio no puede ser instrumentalizado para litigar indirectamente contra funcionarios que no son parte en el proceso”, concluyó.
Según Laborde, el proceso se centra exclusivamente en determinar si Nicolás Petro cometió enriquecimiento ilícito como servidor público y lavado de activos, sin vinculación con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
También se opuso al llamado como testigos de la exfiscal Martha Janeth Mancera y del fiscal Mario Burgos, argumentando que su inclusión intentaría desviar el juicio hacia cuestionamientos institucionales sin relación con los hechos jurídicos relevantes del caso.
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