Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro por presunta apropiación de recursos públicos en contratos del Atlántico

El proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, dio un giro decisivo este lunes tras la petición de la Fiscalía colombiana de enviarlo a prisión preventiva por su presunta participación en un entramado de corrupción ligado a contratos para la atención de adultos mayores en el Atlántico. La solicitud fue realizada por la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, durante una audiencia que expuso nuevas evidencias y hechos considerados de “extrema gravedad” por el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, Petro Burgos habría intervenido directamente en la ejecución y direccionamiento de contratos gestionados por la Fundación Conciencia Social, así como en convenios posteriores canalizados a través de la Fundación Sucos y la Fundación Fucoso. En ese escenario, se le imputaron cinco delitos: peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos. Según la fiscal Laborde, la conducta del exdiputado fue consciente y deliberada. “El indiciado es imputable y conocía lo que estaba haciendo”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que Nicolás Petro habría obtenido beneficios económicos en favor suyo y de terceros, entre ellos Daysuris del Carmen Vásquez Castro, Pedro Name y Gustavo De La Causa. Las inconsistencias halladas en su hoja de vida y en su declaración de renta reforzaron el criterio de que existe un riesgo real de obstrucción, por lo que pidió una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Uno de los puntos más sensibles expuestos por la fiscal fue el presunto acceso irregular al expediente judicial. Según relató, el 10 de septiembre de 2025, día en que Petro designó a Alejandro Carranza como su abogado, una persona ajena a la Fiscalía habría ingresado al sistema Spoa para consultar radicados internos del proceso. Ese ingreso ocurrió antes de la imputación y permitió conocer un número de expediente que, afirmó, “estaba vedado para el público”. El incidente fue reportado a sus superiores y, para Laborde, constituye un indicio de que la defensa pudo haber obtenido información privilegiada sin autorización legal.

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La audiencia también reveló fragmentos de conversaciones entre Petro y su entonces pareja, Day Vásquez, en las que ambos discutirían la gestión de recursos y contactos vinculados a contratos públicos. En una de ellas, se lee: “Amor, entre mayor reserva, todo es mejor”, frase que la Fiscalía interpreta como una instrucción para mantener en la sombra movimientos de dinero y operaciones asociadas a la red contractual. Estas comunicaciones forman parte del soporte probatorio que respalda la solicitud de privación de libertad.

Las tensiones entre Petro Burgos y Vásquez han sido constantes desde que la barranquillera aportó información a procesos anteriores, incluidos los que dieron origen a la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Para Laborde, su colaboración y la trazabilidad de los intercambios digitales le otorgan credibilidad a la hipótesis de que existió una estructura sostenida para apropiarse de recursos públicos y facilitar contratos con fines particulares.

Con la solicitud de medida de aseguramiento ya sobre la mesa, será el juez quien determine en los próximos días si el hijo del presidente enfrentará el proceso judicial desde una cárcel o en libertad condicional. El caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales en el país.

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