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Fiscalía ocupa bienes por más de $29.000 millones vinculados a presunta red de tráfico de migrantes

Las autoridades impusieron medidas de extinción de dominio sobre 47 bienes.

Bien ocupado
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 30/06/2026 - 07:27 Créditos: Fiscalía General de la Nación / Bien ocupado por la Fiscalía General a banda ilegal de tráfico de migrantes

La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio 47 bienes que, presuntamente, hacían parte del patrimonio ilícito de una organización dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de los recursos obtenidos mediante esta actividad ilegal.

Las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión recaen sobre activos cuyo valor preliminar asciende a $29.106 millones.

De acuerdo con la investigación, los bienes están representados en ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones, que habrían sido utilizados para facilitar el transporte clandestino de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hacia países de Centroamérica.

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La Fiscalía señaló que los elementos materiales probatorios indican que parte de estas propiedades también habría sido adquirida para ocultar y dificultar el rastreo del dinero obtenido por el traslado irregular de, al menos, 800.000 ciudadanos provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, entre otras nacionalidades.

Según el ente investigador, la red criminal habría utilizado estas embarcaciones y demás activos para garantizar la logística del transporte ilegal de migrantes a través de la ruta que parte desde las costas del Golfo de Urabá con destino a Centroamérica.

Las medidas cautelares fueron decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y se hicieron efectivas mediante operativos adelantados de forma conjunta con unidades de la Dijin de la Policía Nacional en los municipios de Medellín, Apartadó y Necoclí, en Antioquia, así como en Unguía y Quibdó, en el departamento del Chocó.

Los bienes permanecerán bajo administración de las autoridades mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio, con el propósito de establecer su origen y su presunta vinculación con las actividades ilícitas investigadas.

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