Publicidad

 
Publicidad

Fiscalía advierte que Sandra Ortiz enfrentaría más de 20 años de prisión si es hallada culpable

La exconsejera para las Regiones no podrá acceder a inmunidad por colaboración. Solo le queda un preacuerdo o ir a juicio.

Sandra Ortiz 23 enero
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 31/05/2025 - 15:18 Créditos: Cuenta X @SandraOrtizN / Sandra Ortiz

La Fiscalía General de la Nación fue contundente en su advertencia: si la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, decide enfrentar un juicio y es hallada culpable, la pena que deberá cumplir no será inferior a 20 años de prisión, sumada a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

Así lo deja claro un documento oficial fechado el 30 de mayo, al que tuvo acceso Blu Radio, en el que también se señala que Ortiz ya no podrá negociar un principio de oportunidad. La Fiscalía cerró cualquier posibilidad de inmunidad a cambio de colaboración. En adelante, solo le quedan dos caminos: aceptar responsabilidad mediante un preacuerdo o someterse a juicio.

Lea también: (Nuevo enfrentamiento entre alcalde Galán y presidente Gustavo Petro)

Ortiz está implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. De acuerdo con la Fiscalía, habría coordinado con el exdirector de la entidad, Olmedo López, el traslado de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, con el fin de asegurar apoyo a las reformas del Gobierno. La entrega del dinero se habría producido entre el 12 y 13 de octubre de 2023, desde el Hotel Tequendama hasta la residencia del entonces presidente del Senado.

Según la investigación, la operación fue ordenada por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien ya enfrenta cargos por cohecho, peculado y lavado de activos. Ortiz será formalmente acusada el 12 de junio por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

La Fiscalía sostiene que las declaraciones entregadas por Ortiz no fueron útiles ni verificables y que incluso algunos señalamientos, como el dirigido al magistrado Vladimir Fernández, carecieron de sustento. La entidad cerró la puerta a nuevas negociaciones, dejando la decisión final en manos de la exfuncionaria.

Otras noticias

 

 

Etiquetas