Fiscal del caso Nicolás Petro acusa a Luz Adriana Camargo de presionarla para retirar el lavado de activos

La fiscal Lucy Laborde, quien durante dos años tuvo a su cargo el proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, formuló graves señalamientos contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, a quien acusó de haberla presionado para retirar el delito de lavado de activos del proceso, de obstaculizar el avance de las investigaciones y de propiciar condiciones que, según su relato, terminaron con su salida de la Fiscalía después de 22 años de servicio.

En una entrevista concedida a la revista Semana tras su desvinculación de la entidad, Laborde sostuvo que Camargo le planteó directamente retirar el lavado de activos y mantener únicamente el enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro.

La exfiscal aseguró, además, que después de negarse comenzaron a intensificarse las dificultades para desarrollar su trabajo, hasta quedarse sin asistente y prácticamente sin investigadores.

Laborde recibió el expediente después de la investigación adelantada por el fiscal Mario Burgos y el Grupo de Tareas Especiales. Según explicó, esa etapa dejó aproximadamente 3,4 millones de evidencias.

Durante el trámite ante el juez penal especializado de Barranquilla Hugo Carbonó fueron presentadas cerca de 800 pruebas que, al momento de la entrevista, se encontraban en segunda instancia.

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La exfiscal fue categórica al defender la tesis que sostuvo mientras estuvo al frente del expediente: Nicolás Petro debía responder, según la posición de la Fiscalía que ella defendió, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Laborde explicó que la tesis del ente acusador consistía en que Nicolás Petro recibió recursos que no correspondían a los ingresos derivados de su actividad lícita como diputado de la Asamblea del Atlántico. “Esos otros dineros no corresponden al salario, ni a donaciones ni a otra actividad económica lícita”, afirmó.

Sobre el lavado de activos, señaló que la conducta investigada estaba relacionada con negocios jurídicos mediante los cuales, según la tesis que defendía, se buscó ocultar el ingreso de esos recursos al patrimonio.

Mencionó la adquisición de viviendas y vehículos registrados a nombre de terceras personas y aseguró: “Le dio apariencia de legalidad a dineros adquiridos de forma ilícita”.

El episodio central de su denuncia ocurrió, según Laborde, durante una reunión realizada en el despacho de la fiscal general. De acuerdo con su relato, estaban presentes Luz Adriana Camargo; la delegada Aura Liliana Trujillo; el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero; Alexandra Ladino, entonces directora de Lavado de Activos, y la propia Laborde.

La conversación, según recordó, comenzó cuando Camargo le preguntó cómo veía jurídicamente el delito de lavado de activos dentro del expediente. “Sí hay”, respondió Laborde.

La fiscal general habría preguntado entonces las razones. Laborde expuso los hechos y, según su versión, Camargo le planteó directamente: “¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?”.

Antes de esa propuesta, según la exfiscal, Camargo había preguntado qué consecuencias tendría para Nicolás Petro una condena por lavado de activos.

Aura Liliana Trujillo respondió, de acuerdo con el relato: “Ingresaría a la Lista Ofac”.
Laborde aseguró que posteriormente Camargo le planteó: “Pues déjele solo el enriquecimiento ilícito y póngale una pena muy larga; al fin y al cabo, la va a cumplir en una guarnición militar y ya”.

Cuando Semana le preguntó expresamente si la fiscal general le había pedido retirar el lavado de activos, Laborde contestó afirmativamente y sostuvo que aquellas fueron “palabras textuales”. La fiscal se negó.

“Yo no iba a negociar”, afirmó. Según explicó, había estudiado el escrito de acusación y consultado los fundamentos jurídicos de los delitos investigados. Su conclusión era que no existía una razón que justificara eliminar uno de los cargos. “Definitivamente quitarle un delito a una persona porque sí no era una opción. No era negociable”, sostuvo.

Laborde aseguró que durante aquella reunión reiteró que existían operaciones que, en su criterio, sustentaban el lavado de activos. “Si le quitamos el lavado de activos, ¿qué hacemos con los negocios jurídicos en los que incurrió Nicolás Petro para dar apariencia de legalidad a esos dineros? Ahí es clarito”, recordó haberle dicho al vicefiscal.

Según su relato, después de aquella reunión comenzaron nuevos problemas. Al preguntársele si consideraba que Camargo la había castigado por su negativa, respondió: “Sí, pues ya no era la persona indicada para llevar ese proceso, muy probablemente”.

La controversia alrededor de posibles preacuerdos constituye otro de los ejes de sus revelaciones. Laborde relató que, cuando recibió el expediente, un abogado presentó una propuesta basada en un estudio de Yesid Reyes para que Nicolás Petro respondiera únicamente por estafa, lo que significaba retirar tanto el lavado de activos como el enriquecimiento ilícito.

Su respuesta también fue negativa.
“Es inaudito, inconcebible. No corresponde a los hechos por los que fue imputado”, señaló, y calificó esa posibilidad como un “exabrupto jurídico”.

Posteriormente, según su versión, recibió una propuesta que mantenía los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero contemplaba una disminución de la pena. Fue entonces cuando, de acuerdo con Laborde, uno de los abogados le informó que la propuesta sería consultada con la Presidencia.

La afirmación que dijo haber recibido posteriormente fue particularmente delicada: “No, doctora, definitivamente en Presidencia no aprobaron este preacuerdo porque es el hijo del presidente y ¿cómo queda Colombia con el hijo del presidente condenado por lavado de activos?”.

Laborde aclaró que desconocía qué papel podía haber tenido directamente el entonces presidente Gustavo Petro en ese asunto y que su conocimiento provenía de lo que le manifestó el abogado. Sin embargo, preguntada posteriormente sobre si consideraba que el expresidente influía en el proceso de su hijo, respondió: “Ahora veo que sí. Entonces no lo sabía”.

Sobre una eventual influencia de Petro sobre Camargo, fue más cautelosa: “No sabría decirle, pero sí sabía que había una comunicación de los abogados con la fiscal general”.

La exfiscal también describió una progresiva pérdida de las condiciones necesarias para adelantar el expediente. Aseguró que fue trasladada a Barranquilla lejos de su familia y que trabajó sin una oficina propia, sin asistente e incluso sin impresora.

“Le entregué al nuevo fiscal un despacho sin asistente, sin investigadores”, señaló.
Laborde interpretó esas circunstancias como mecanismos de presión. “Sí. Es una presión”, contestó cuando se le preguntó directamente por las condiciones en las que desarrollaba su labor. Incluso aseguró que uno de los escoltas que le fueron asignados fue posteriormente capturado por presunta pertenencia al Clan del Golfo, aunque aclaró que esa persona conserva la presunción de inocencia.

Las dificultades se extendieron al equipo investigador. Laborde aseguró que dos de los funcionarios que conocían profundamente el expediente, Víctor y Juan Camilo, fueron capturados y que otros investigadores fueron trasladados o destinados a labores que les impedían atender sus órdenes.

Cuando Semana le preguntó si dejarla sin investigadores había sido una estrategia deliberada, respondió: “Claro”. Y explicó el propósito que, en su criterio, tenía esa decisión: “Para que no siguiera investigando”.

A ello agregó otro señalamiento: información reservada sobre nuevos radicados habría terminado en manos de la defensa de Nicolás Petro. Laborde contó que comenzó a recibir poderes del abogado Carranza relacionados con investigaciones cuyo conocimiento, según ella, debía estar restringido. Ante esa situación solicitó una auditoría al sistema Spoa de la Fiscalía.

“No sé” quién suministraba los números de los radicados, aclaró. Sin embargo, sostuvo que encontró registros de funcionarios que habían ingresado al sistema y relató un episodio en el cual una consulta se habría producido en la mañana y horas después había llegado un poder relacionado con el expediente.

Laborde evitó revelar las identidades de algunas personas vinculadas a esas investigaciones por considerar que hacerlo podría afectar la reserva y “torpedear la investigación”. Cuando fue interrogada específicamente por Verónica Alcocer, se limitó a señalar que investigaba a “allegados a Nicolás Petro”.
Sí confirmó otra actuación: “Laura Ojeda tiene una investigación y una solicitud de imputación”.

Otro capítulo de la entrevista se concentró en las capturas de Víctor y Juan Camilo, investigadores que habían trabajado en el caso. Laborde aseguró que fue llevada a una reunión sin saber inicialmente que allí se estaba planeando su captura. Después, según relató, le informaron que ambos habían sido detenidos.

Para la exfiscal, aquellas capturas fueron una retaliación y perjudicaron la investigación porque la privaron de funcionarios que conocían detalladamente un expediente de enormes dimensiones.

Cuando le preguntaron si Camargo estaba enterada, contestó: “Claro, claro”. Interrogada sobre si consideraba que la fiscal general había participado en el plan, respondió: “Creería que sí y, además, lo dijeron”.

Laborde aseguró que durante aquella reunión escuchó que “era una orden de la señora fiscal general capturarlos pronto”. También afirmó que, después de revisar las audiencias, considera inocentes a los investigadores.

Ese episodio, según contó, tuvo consecuencias personales. “Bueno, es un montaje que le están haciendo a Víctor y a Juan Camilo, ahora sigo yo, es una retaliación”, recordó haber pensado. El día de la imputación de los investigadores terminó, según dijo, en urgencias por una crisis de pánico.

Posteriormente llegó su salida de la Fiscalía. Laborde aseguró que su cargo fue incluido en un concurso pese a que, según su interpretación, no cumplía las condiciones establecidas por la propia entidad para que su plaza ingresara en ese proceso. La exfuncionaria dijo encontrarse en retén pensional y sostuvo que terminó desvinculada sin haber obtenido todavía su pensión.

Por estos hechos presentó una demanda por acoso laboral ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y afirmó haber aportado numerosas pruebas.
“Me desvincularon de la Fiscalía y me tocó entregarle el proceso a otro fiscal”, relató.

La exfuncionaria resumió las circunstancias en las que asegura haber trabajado: lejos de su familia, sin oficina propia, sin asistente, sin investigadores y sin impresora. “Así llevé el caso más importante del país en ese entonces”, manifestó.

Laborde rechazó, sin embargo, que el proceso hubiera permanecido paralizado mientras estuvo bajo su responsabilidad. Recordó que enfrentó cinco solicitudes de recusación presentadas por el abogado Carranza y sostuvo que ninguna prosperó. También señaló que participó en numerosas audiencias y respondió acciones de tutela.

El problema, en su versión, fue la falta de respaldo institucional. “Si yo hubiera tenido el apoyo que tuvo el doctor Burgos, que en cuatro meses recaudó 3.400.000 evidencias, imagínese, se saca adelante cualquier proceso”, afirmó.
Preguntada directamente sobre si contó con el apoyo de Camargo, contestó: “No, ninguno”.

Y cuando Semana le preguntó si, por el contrario, la fiscal general la había hostigado, respondió: “Más bien hizo todo lo posible para que no se avanzara”.
Laborde fue más allá al referirse a la posibilidad de que las actuaciones que denuncia tuvieran relación con el entonces presidente Gustavo Petro.

Al ser interrogada sobre la hipótesis de que Camargo pudiera estar recibiendo órdenes del mandatario, respondió: “Es bien factible que haya sucedido eso”, y sustentó su apreciación en lo que calificó como señales, entre ellas la supuesta entrega al abogado de Nicolás Petro de información que, según ella, únicamente podía encontrarse en poder de la Fiscalía.

La exfiscal también se refirió a las declaraciones que Gustavo Petro habría realizado en consejos de ministros relacionadas con Laura Ojeda. Según Laborde, el entonces mandatario afirmó en dos oportunidades que una pérdida gestacional sufrida por Ojeda había ocurrido por culpa de la fiscal y posteriormente manifestó que “no había nada más peligroso que una madre herida”.

Laborde aseguró haber interpretado esas palabras como una amenaza.
“Sí, claro, me amenazó”, respondió cuando le preguntaron expresamente por el asunto.

La exfuncionaria sostuvo que las actuaciones judiciales que adelantó obedecieron a su deber constitucional y no a una decisión personal. Según explicó, frente a evidencias de una conducta delictiva tenía la obligación de proceder y omitirla podía comprometer su propia responsabilidad.

Cuando le preguntaron si estaba dispuesta a delinquir por el presidente Petro, respondió: “Por nadie”. Y ante la misma pregunta respecto de la fiscal general reiteró: “No, por nadie”.
Tras 22 años en la Fiscalía, Laborde defendió el trabajo realizado en el expediente.

Afirmó que pasó por una URI, justicia transicional y dependencias encargadas de investigar delitos contra la administración pública, y reivindicó también la labor adelantada previamente por Mario Burgos.

Al momento de entregar el proceso, aseguró haber dejado las carpetas organizadas, incluso por testigos, para afrontar el juicio. “Aquí usted no va a encontrar nada irregular ni nada ilícito, todo está conforme a la ley, está perfectamente organizado”, dijo que le manifestó al fiscal que recibió el expediente.

Según Laborde, el delito de lavado de activos contemplado dentro del proceso tiene una pena de entre 10 y 30 años y los términos judiciales no se encontraban vencidos.

Hacia el final de la entrevista, la exfiscal dirigió uno de sus señalamientos más fuertes directamente contra Luz Adriana Camargo.

“Lo que ella hizo no se hace ni con un servidor ni con ningún ser humano. Me apartó de mi familia, me hostigó, me presionó; no me dejé presionar, pero al final, como no me dejé presionar, me sacó de la institución de una forma irregular”, afirmó.

Preguntada sobre si aquello habría ocurrido para beneficiar al hijo del entonces presidente, respondió: “Es probable, es muy probable. Yo sí considero que necesitaban sacarme a mí del proceso”.

Laborde también llamó la atención sobre el hecho de que, según su versión, quien ganó su cargo en el concurso no fue la persona que finalmente recibió su despacho ni el expediente de Nicolás Petro. Aseguró que el despacho quedó en manos de otro funcionario en provisionalidad.

La exfiscal sostuvo además que conoce casos de otros funcionarios que aseguran haber sufrido situaciones semejantes dentro de la entidad. Al preguntársele si algunos manejaban investigaciones relacionadas con el expresidente Petro o con su Gobierno, respondió afirmativamente y agregó: “En Lavado de Activos, por ejemplo, casi todos tienen procesos muy grandes. Hay gente que incomodaba”.

Laborde reconoció sentir preocupación por su seguridad. “Tengo preocupación por las amenazas, pero estoy diciendo la verdad. De pronto a alguien no le gusta que se diga la verdad, pero hay que decirla”, afirmó.

Finalmente, cuestionó la independencia que, según sostuvo, tuvo para desarrollar el proceso. Frente a las manifestaciones públicas de Camargo sobre el respeto por la autonomía de los fiscales, Laborde aseguró: “Mi independencia no la respetó”.

Para la exfuncionaria, la petición de adelantar un preacuerdo en los términos que consideraba convenientes la fiscal general constituía precisamente una intervención sobre su autonomía.

También recordó que dentro de las investigaciones quedó una imputación contra Nicolás Petro por peculado y otros delitos relacionada con Fucoso, asunto que, según dijo, había sido investigado previamente y estaba pendiente desde la etapa manejada por Mario Burgos.

El relato concluyó en el terreno personal. Laborde habló entre lágrimas de sus dos hijos y de las dificultades que enfrentó su familia mientras ella llevaba el proceso en Barranquilla.

Aseguró que las condiciones de seguridad llegaron al punto de que, cuando necesitaba pedir un domicilio, este debía solicitarse desde otra ciudad y a nombre de otra persona. “Fueron días muy difíciles”, recordó.

Al referirse al mensaje que espera haber dejado a sus hijos después de su salida de la Fiscalía, cerró con una reflexión sobre su decisión de no ceder ante las presiones que asegura haber enfrentado: “Me alegra haberles dado ese ejemplo, porque yo creo que cuando uno hace las cosas, debe mirar atrás y debe mirar al que viene para que siga ese ejemplo”.

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