Exsecretariado de las Farc reconoce ante la JEP reclutamiento de menores

Cinco integrantes del último secretariado de las extintas Farc presentaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz un video en el que reconocen la ocurrencia del reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. En la grabación, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo aceptan su responsabilidad como máximos responsables en el Caso 07 y hacen manifestaciones de perdón a las víctimas y a la sociedad.

En noviembre de 2024, la Sala había llamado a seis antiguos integrantes del secretariado a reconocer su responsabilidad por cinco patrones macrocriminales: el reclutamiento y utilización de menores -incluidos niños menores de 15 años-; malos tratos, torturas y homicidios contra menores reclutados; violencias reproductivas que afectaron especialmente a niñas; violencias sexuales documentadas contra niños y niñas; y violencias basadas en prejuicio dirigidas a menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

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Según la Sala, estas violencias ocurrieron a gran magnitud y escala entre 1971 y 2016, con un universo de 18.677 víctimas. La investigación también evidenció que este fenómeno permaneció en gran parte invisible, incluso para el Estado, que solo había adelantado 387 investigaciones y contaba con 45 sentencias contra miembros de la antigua guerrilla, cinco de ellas absolutorias.

Actualmente, la Sala estudia las observaciones a las imputaciones presentadas por víctimas, Ministerio Público y comparecientes, en el marco del proceso dialógico que orienta este caso.

En su pronunciamiento, los exintegrantes de las Farc reiteraron su voluntad de avanzar hacia el reconocimiento de responsabilidad y la construcción de caminos restaurativos con las víctimas. También se refirieron a los daños profundos y duraderos que dejaron estas violencias, manifestando su disposición a iniciar diálogos que permitan comprender las afectaciones causadas y contribuir a la no repetición de estos crímenes de guerra.

La Sala acogió estas manifestaciones como una muestra de voluntad para avanzar en la construcción de procesos restaurativos, basados en el reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades. Sin embargo, enfatizó que este no es un punto final, sino el inicio de posibles encuentros entre comparecientes y víctimas acreditadas que deseen participar en este camino.

En el modelo de la JEP, corresponde a las víctimas y sus representantes evaluar el alcance de estas declaraciones y decidir su significado dentro de sus propios procesos de reparación y reconciliación, así como para la sociedad colombiana en general. La Jurisdicción informará sobre los avances del Caso 07 en los próximos meses.

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De manera preliminar, representantes de víctimas han señalado que estas manifestaciones podrían constituir un primer paso hacia el diálogo directo solicitado desde el inicio del proceso en 2019. Con estas reflexiones incorporadas al expediente, la Sala definirá la ruta metodológica y procesal para iniciar estos encuentros.

La Sala recordó que las 2.000 víctimas individuales acreditadas en este caso son hoy adultos que fueron reclutados siendo niños. Muchas de ellas sufrieron violencias intrafilas, incluidas violencias de género y por prejuicio. El universo también incluye familiares de menores desaparecidos. Junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se buscan actualmente 485 niños y niñas reclutados por las Farc que no regresaron a sus hogares.

Asimismo, más de 9.000 personas pertenecientes a seis colectivos étnicos participan en el proceso, entre ellos los Koreguaje en Caquetá, los Hitnü en Arauca, los Barí en Norte de Santander, los Sikuani en Guaviare, los Cubeo en Vaupés y el Consejo Comunitario El Nuevo Futuro de Los Grandes Luchadores de Santa Rosa Cauca (Consafro) en Valle del Cauca. Para estos pueblos, las violencias agravaron el riesgo de extinción física y cultural, lo que exige rutas especiales de diálogo respetuosas de sus cosmovisiones.

En total, el Caso 07 cuenta con la participación de más de 11.000 víctimas individuales y colectivas, así como más de 4.700 demandas de verdad que serán incorporadas en la ruta restaurativa.

En los próximos meses, la Sala también determinará la responsabilidad individual de otros exmandos regionales de las antiguas Farc que podrán sumarse a este proceso.

La JEP aseguró que continuará avanzando con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, bajo el principio de justicia restaurativa. El reconocimiento de estos hechos, concluyó la Sala, abre una reflexión más amplia para que la niñez en Colombia sea protegida y no vuelva a ser involucrada en la guerra.

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