Exportaciones ficticias ingresaron $425.000 millones a Colombia

Cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados figuraban como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, sin que los productos hubiesen cruzado la frontera. La Fiscalía General de la Nación obtuvo evidencias que indican que se trataría de una maniobra ilícita que le permitió a un grupo de particulares y funcionarios justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito y hacerlos pasar como pagos por ventas al exterior entre 2020 y 2023.

En el entramado ilegal estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras aparecían como exportadoras, mientras que la segunda tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.

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Por su parte, servidores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Ipiales (Nariño) habrían certificado falsamente la salida de las mercancías. Con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones.

Producto de la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN, fueron materializadas siete órdenes de captura en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño).

Los detenidos en las diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del Ejército Nacional, son Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que habría figurado como exportadoras; y Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, señalados de certificar la salida de las cargas.

Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien impartió legalidad a los procedimientos realizados. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, y falsedad ideológica en documento público.

En atención a los elementos materiales probatorios obtenidos en esta investigación, se remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las actividades ilícitas detectadas.

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