Escándalo Ungrd: Corte Suprema autorizó interceptaciones a congresistas y altos funcionarios

La Corte Suprema de Justicia autorizó una amplia operación de interceptaciones telefónicas en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), considerado uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años en Colombia.

Según información conocida por la revista Semana, la medida judicial tuvo como foco principal a la Comisión de Crédito Público del Congreso, cuyos integrantes son investigados por una supuesta facilitación de créditos internacionales a cambio de contratos irregulares. La autorización permitió el seguimiento a congresistas, ministros, contratistas, familiares y personas consideradas testigos clave dentro del proceso.

Entre los políticos y exfuncionarios mencionados en los documentos judiciales figuran los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, los representantes Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, el excongresista Juan Diego Muñoz y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes ya se encuentran privados de la libertad.

Las interceptaciones fueron ordenadas desde agosto de 2024 y se extendieron durante aproximadamente un año. La ejecución técnica de las escuchas se realizó desde la sala Zeus Oro de la Fiscalía General de la Nación, bajo control directo del alto tribunal.

Los reportes de las autoridades dan cuenta de que, con el avance de la investigación, varios de los implicados intentaron esquivar el seguimiento trasladando sus comunicaciones a aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Aun así, los investigadores lograron recuperar fragmentos de conversaciones que evidencian la preocupación y tensión entre los señalados.

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En una de las llamadas interceptadas, el senador Juan Pablo Gallo fue advertido sobre una supuesta captura próxima, mientras que en otra conversación expresó sentirse investigado por presuntamente haber favorecido a un ministro, refiriéndose a los hechos como una dádiva política. Por su parte, la representante Karen Astrid Manrique cuestionó el proceso y afirmó que la justicia estaba politizada, según quedó registrado en los audios.

El alcance de la operación se extendió a familiares y allegados de los investigados. Entre las líneas intervenidas estuvo la de la madre de María Alejandra Benavides, testigo considerada clave, así como la de Andrea Ramírez, exjefa de Benavides, quien manifestó sentirse desbordada por la presión mediática y judicial.

También fueron interceptadas comunicaciones de funcionarios cercanos a la Ungrd y a la Presidencia, entre ellos Diana Carolina Martínez, secretaria del exdirector de la entidad, y Jaime Ramírez Cobo, señalado por su cercanía con Laura Sarabia, entonces directora del Dapre. Contratistas como Óscar Cárdenas, Édgar Niño y Yacir Ramírez igualmente hicieron parte del seguimiento.

Uno de los episodios más sensibles ocurrió cuando los investigadores detectaron que una línea intervenida, asignada inicialmente a Ramírez Cobo, era utilizada ocasionalmente por el presidente Gustavo Petro. Al identificarse una llamada en la que se le saludaba como “señor presidente”, la Corte ordenó suspender de inmediato cualquier interceptación sobre ese número.

El alto tribunal estableció límites claros sobre el uso probatorio de las grabaciones, excluyendo de manera expresa las conversaciones entre los investigados y sus abogados, con el fin de garantizar el derecho a la defensa.

La investigación continúa y mantiene a la Ungrd en el centro del debate judicial y político, mientras se evalúan las posibles responsabilidades penales y las repercusiones institucionales del caso.

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