Ecocidio: Fiscalía judicializa a cinco presuntos integrantes de ‘Los Leñadores’ por tala ilegal

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá a cinco presuntos integrantes de ‘Los Leñadores’, una red delictiva señalada de utilizar documentos y permisos falsos, a nombre de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para dar apariencia de legalidad a madera extraída ilegalmente de áreas de conservación en Cundinamarca y Boyacá.

En desarrollo del proceso, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los investigados los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, daño en los recursos naturales y ecocidio.

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Entre los judicializados se encuentran Pedro Rodolfo Torres Espitia, propietario de un establecimiento de comercio en Tausa (Cundinamarca), quien presuntamente coordinaba la obtención, transformación y transporte de la madera; Alba Janet Espitia, representante legal de una empresa que habría sido utilizada para blanquear el origen del producto; y Diana Nataly Fandiño Pinzón, secretaria de los dos negocios comprometidos.

Asimismo, fueron procesados Alex Néstor Gómez Rincón, señalado como presunto responsable de la tala de bosque nativo en áreas de conservación y en zonas definidas por el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca) del río Bogotá, además del transporte y comercialización de la madera; y Edén Humberto Martínez Ángel.

Como medida judicial, cuatro de los procesados deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia, mientras que Diana Nataly Fandiño Pinzón continuará vinculada a la investigación sin detención domiciliaria.

Finalmente, la Fiscalía informó que, en un procedimiento reciente, fueron incautados 920 metros cúbicos de madera que estaban listos para ser comercializados en Facatativá, Madrid, Cajicá, Zipaquirá, Tausa y Ubaté, en Cundinamarca. De acuerdo con las labores técnicas, el actuar delictivo de la red habría ocasionado la pérdida de varios ecosistemas, afectado la biodiversidad y alterado los ciclos naturales de los bosques.

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