Dos exalcaldes de Santa Marta en investigación por fallas y costos en construcción de Coliseo Gaira

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), y Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019) por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira.

Otros afectados por el pliego de cargos son Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), supervisor del contrato y quien desempeñaba como gerente de Infraestructura de la ciudad, y Álvaro García Parra, representante legal de la Interventoría AGP. La Procuraduría los investiga porque al parecer las obras fueron adjudicadas pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales que tomarían los trabajos, así como, no se contaba con las respectivas licencias, situación que ocasionó que se firmaran cinco otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo, que pasó de $2.682 millones a un valor final de $4.022 millones.

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Según el informe técnico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la planeación no fue coherente ni consecuente con el alcance real del proyecto y de la obra a ejecutar (demolición total y obra nueva), y en consecuencia “el plazo resultó inviable, aspecto que determinó la necesidad de solicitar con posterioridad ampliaciones y adiciones, infringiendo, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”, señaló el órgano de control.

El Ministerio Público también investiga aparentes irregularidades en la firma del otrosí número 3, suscrito para la cimentación de la gradería y efectuar ajustes estructurales, ya que esos trabajos al parecer ya habían sido ejecutados. Igualmente, se habrían realizado pagos parciales de obras aún no iniciadas.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de Carlos Caicedo Omar y Sánder Alfonso Rodríguez Peña como falta gravísima cometida con culpa gravísima, y para el exalcalde Rafael Martínez como falta grave a título de culpa grave. A Álvaro García Parra, particular que ejerció la función de interventor, se le formularon cargos por una aparente falta gravísima a título de culpa.

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