Disputa por La Catedral: fundaciones religiosas enfrentadas por la antigua cárcel de Pablo Escobar

La historia de La Catedral, la cárcel levantada bajo la supervisión de Pablo Escobar en Envigado, vuelve a estar en el centro de la atención pública, esta vez por un conflicto entre fundaciones religiosas que reclaman su administración.

Este lugar, que en 1991 se convirtió en prisión del entonces jefe del Cartel de Medellín tras su entrega negociada a las autoridades, pasó de ser escenario del poder criminal a convertirse en un espacio de disputas legales y sociales.

En poco más de un año de reclusión, Escobar transformó la prisión en una extensión de su organización. Allí organizó encuentros con futbolistas y personalidades, además de ordenar la ejecución de dos de sus colaboradores.

El control que ejercía sobre el penal fue tan amplio que, cuando el Estado intentó trasladarlo, escapó sin dificultad por la parte posterior de la edificación.

Tras su fuga, el predio permaneció abandonado durante más de dos décadas hasta que comenzaron a surgir proyectos para su uso.

Actualmente, parte del terreno funciona como ancianato y otra como iglesia. Sin embargo, un informe de la revista Semana reveló que existe una pugna entre la Fundación Monástica San Benito Abad y la Fundación Abadía Benedictina Nuestra Señora de Walsingham, liderada por el sacerdote retirado Elkin Vélez.

Esta última cuenta con un comodato que le permite operar en una sección de La Catedral, mientras que la otra institución administra 26.000 metros cuadrados donde residen nueve adultos mayores, muchos de ellos en condiciones económicas precarias.

Los adultos mayores que viven en el lugar afirman que la Alcaldía de Envigado busca desalojarlos, lo cual implicaría el cierre del hogar geriátrico.

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La fundación a cargo del ancianato interpuso una tutela con el fin de detener la medida y garantizar la permanencia de los residentes.

El proceso ha generado cuestionamientos sobre la destinación de más de 600 millones de pesos entregados por la administración local a Vélez entre 2014 y 2016 para hospedar a unidades de la Policía.

Según denunciantes, esos recursos no se reflejaron en mejoras visibles en las instalaciones.

A las dudas sobre el manejo financiero se suman señalamientos por presuntos malos tratos hacia los adultos mayores en el hogar vinculado a Vélez.

Ante estas versiones, la Alcaldía de Envigado respondió que no existe disputa legal por el terreno, sino una ocupación que calificó como irregular.

En ese sentido, la administración municipal aseguró que el desalojo busca recuperar el control del espacio y evitar que sea usado para promover el llamado “narcoturismo”.

De acuerdo con declaraciones del secretario de Gobierno de Envigado, se detectaron prácticas en las que visitantes pagaban por ingresar al predio, recibían manillas y participaban en recorridos enfocados en la historia criminal de Escobar.

Incluso se registraron cobros en el parqueadero, lo cual fue reportado en informes de la Policía Nacional. Según la Alcaldía, este tipo de actividades son incompatibles con el destino social que debería tener La Catedral y refuerzan la decisión de ordenar la salida de quienes permanecen allí.

El futuro del lugar permanece incierto. Mientras avanza la acción judicial para frenar el desalojo, la controversia entre las fundaciones religiosas y las autoridades locales se suma a las múltiples transformaciones que ha tenido La Catedral desde los años noventa.

Lo que en su momento simbolizó la capacidad de un narcotraficante de negociar con el Estado, hoy refleja tensiones sobre el manejo de un espacio cargado de memoria histórica y con fuerte carga simbólica en la sociedad colombiana.

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