Corte Suprema investiga a más de 30 congresistas por contratos en Invías ligados a votaciones del Gobierno

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación que involucra a más de 30 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, por su posible participación en un esquema de asignación de contratos públicos a través del Instituto Nacional de Vías (Invías).

El proceso, divulgado por Semana,
busca establecer si dichas contrataciones estuvieron relacionadas con el respaldo de iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso.

De acuerdo con el expediente judicial, que supera los 5.000 folios y recoge actuaciones entre marzo y diciembre de 2025, existen elementos de prueba que incluyen registros de comunicaciones, material audiovisual, matrices de asignación presupuestal y documentos contractuales.

En estos se consignan los nombres de los legisladores que habrían resultado beneficiados con la adjudicación de recursos públicos.

La investigación se concentra en congresistas que integran las comisiones económicas del Senado y la Cámara, encargadas de tramitar el Presupuesto General de la Nación y aprobar operaciones de crédito público.

La Corte examina si desde el Ministerio de Hacienda se habría coordinado la asignación de más de 60 contratos con el propósito de asegurar mayorías legislativas para proyectos del Ejecutivo.

Uno de los ejes del proceso es el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

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La declarante ha entregado información detallada sobre el funcionamiento de los denominados cupos indicativos y su relación con la contratación estatal.

Sus aportes han sido considerados relevantes tanto en este expediente como en otras investigaciones relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso quedó bajo la dirección del magistrado Marco Antonio Rueda, quien dispuso la conformación de un equipo de trabajo para analizar la documentación recolectada.

Dentro de los hallazgos preliminares, el alto tribunal ha identificado posibles vínculos de funcionarios del Gobierno en la estructura investigada, incluyendo referencias a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

En uno de los apartes del expediente se señala que las diligencias buscan examinar partidas presupuestales que, según el relato de Benavides, habrían sido ejecutadas mediante el Invías, pese a tener origen en mecanismos similares a los identificados en la UNGRD.

Las actuaciones judiciales incluyen interrogatorios practicados a Benavides en octubre y noviembre de 2024, en el marco de un principio de oportunidad. Paralelamente, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema adelanta indagaciones preliminares por hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023.

Investigadores del alto tribunal han señalado que el volumen de contratación bajo revisión podría ser considerablemente mayor al observado en otros casos recientes.

Según los documentos, la exasesora describió de manera cronológica la gestión adelantada para obtener la aprobación de créditos internacionales, proceso en el que se habría utilizado la asignación de proyectos como mecanismo de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Benavides entregó a la Corte dos matrices en las que se relacionan proyectos, montos y nombres de congresistas presuntamente vinculados.

El expediente también menciona antecedentes de esquemas similares en años anteriores, aunque la mayor parte de la evidencia se concentra en hechos recientes.

Funcionarios judiciales realizaron verificaciones directas en el Invías, donde contrastaron la información de las matrices con los contratos registrados.

En total se identificaron 82 procesos contractuales y dos bancos de programas de inversión. De estos, 61 presentan coincidencias con los datos aportados por la testigo.

Entre los contratos revisados se encuentra el convenio interadministrativo 2287 de 2023, suscrito entre el Invías y el municipio de Envigado, por un valor superior a 12.500 millones de pesos, destinado al mejoramiento de vías en varios sectores de Antioquia.

También figura el convenio 2246 de 2023 en Curumaní, Cesar, por más de 16.000 millones de pesos, enfocado en la red vial terciaria.

En Magdalena se identificó el convenio 2224 de 2023, relacionado con obras en el municipio de Sitionuevo, por cerca de 26.700 millones de pesos.

En Arauca, el convenio 2083 de 2023 para obras en Fortul incluyó una adición presupuestal cercana a 4.895 millones de pesos sobre un valor inicial superior a 23.000 millones.

Otro caso analizado corresponde al convenio 2210 de 2023 en Barrancas, La Guajira, que presentó una adición presupuestal que superó el monto inicial del contrato.

Los investigadores también examinan proyectos cuya justificación ha sido presentada como parte de estrategias de reactivación regional.

El expediente incluye registros de audio y declaraciones en las que se describe la relación entre la asignación de contratos y la aprobación de créditos externos.

En una de las diligencias, Benavides indicó que los cupos indicativos se utilizaban como instrumento de articulación entre el Ministerio de Hacienda, entidades ejecutoras y congresistas.

Asimismo, la exasesora relató que mantenía reportes sobre el estado de la asignación contractual y que estos variaban según dinámicas políticas regionales, especialmente en periodos electorales.

Según su declaración, la información se manejaba mediante documentos físicos y comunicaciones directas.

Dentro de las pruebas también se incluyen conversaciones con funcionarios del Invías, entre ellos el entonces director de Ejecución y Operación, Juan José Oyuela, quien habría participado en la coordinación de proyectos.

La Corte solicitó la entrega de registros y documentos adicionales para verificar estos intercambios.

El proceso ha llevado a la vinculación formal de algunos congresistas a la investigación, mientras otros continúan bajo verificación preliminar.

Entre las medidas adoptadas, la Corte requirió al Invías los registros de ingreso de legisladores y sus asesores a las instalaciones de la entidad, particularmente en áreas relacionadas con la gestión de proyectos.

Los documentos aportados evidencian visitas recurrentes de congresistas a dependencias del Invías en Bogotá, donde operan las áreas encargadas de la ejecución y seguimiento contractual.

Otro componente del expediente se refiere a la participación de contratistas y su posible relación con los congresistas investigados. Las autoridades buscan establecer si existió injerencia en la selección de ejecutores de obras públicas.

En las próximas semanas, la Sala de Instrucción podría adoptar decisiones procesales relevantes. El equipo investigador, integrado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y magistrados auxiliares, continúa analizando la información recopilada.

Por su parte, algunos de los congresistas mencionados han manifestado que sus actuaciones se enmarcan en la gestión de proyectos para sus regiones y han negado la existencia de conductas irregulares.

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