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Corte Suprema cierra etapa probatoria contra seis excongresistas por caso UNGRD
El alto tribunal analiza si existen méritos para llamar a juicio a cinco congresistas activos y un exrepresentante, señalados de pactar votos a cambio de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
La Corte Suprema de Justicia concluyó la fase de recolección de pruebas en el proceso que investiga a cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta decisión, el caso entra en la etapa de calificación, en la que se determinará si los implicados serán llamados a juicio.
De acuerdo con la investigación, los señalados habrían condicionado su respaldo a proyectos de endeudamiento público tramitados en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de la entrega de contratos en municipios como Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar.
Entre los nombres incluidos en el expediente figuran los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, los representantes Wadith Manzur, Karen Manrique y Julián Peinado, además del excongresista Juan Diego Muñoz.
Durante la instrucción, el magistrado Misael Rodríguez recibió testimonios y documentos que sustentan la presunta existencia de un esquema de favores entre funcionarios de la UNGRD y miembros del Congreso. Una de las declaraciones clave fue la de la exasesora María Alejandra Benavides, quien afirmó que los congresistas vinculados a la comisión gozaban de atención preferencial para gestionar citas y trámites ante la entidad.
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Según la Corte, el material probatorio incluye comunicaciones y registros administrativos que podrían evidenciar la entrega de contratos a personas cercanas a los legisladores como contraprestación por su apoyo en la aprobación de proyectos.
El cierre de la etapa probatoria permite ahora que la Sala de Instrucción evalúe si hay méritos suficientes para formular acusación. Sin embargo, las defensas aún pueden interponer recursos o solicitar la práctica de nuevas pruebas antes de que el alto tribunal adopte una decisión definitiva.
Este expediente se suma a las distintas investigaciones abiertas por la presunta red de corrupción en la UNGRD, una entidad señalada de haber direccionado contratos y recursos públicos en beneficio de congresistas y funcionarios, mediante acuerdos políticos y administrativos durante 2023.
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