Corte exhorta al Gobierno a incluir en el PND medidas de seguridad para firmantes de paz

La Corte Constitucional exhortó al Gobierno nacional a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo acciones concretas y compromisos claros para superar el estado de cosas inconstitucional que afecta la seguridad de las personas firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. El Alto Tribunal advirtió que persisten fallas estructurales en las instituciones encargadas de garantizar sus derechos fundamentales y cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo.

El pronunciamiento se produjo mediante el Auto 1538 de 2026, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-020 de 2022, en la que la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional debido a la vulneración masiva y sistemática de los derechos relacionados con la seguridad de esta población. En esa decisión, además, impartió órdenes para garantizar su protección.

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Durante el seguimiento, la Sala Especial identificó cinco bloqueos institucionales que han dificultado el cumplimiento de las medidas ordenadas. Entre las principales problemáticas se encuentran la falta de capacidades institucionales de las entidades responsables, la parálisis en los mecanismos de coordinación y monitoreo, la ausencia de parámetros para medir progresivamente la garantía de los derechos y la desarticulación del sistema de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Ante la persistencia de estas dificultades, la Corte consideró necesario establecer acciones concretas que permitan obtener resultados medibles y avances suficientes, progresivos, sostenibles y significativos en la protección de los derechos fundamentales de los firmantes. Por esta razón, recordó las obligaciones constitucionales del Estado y requirió el cumplimiento de las órdenes previamente impartidas mediante el Auto 1417 de 2025.

En primer lugar, la Sala reiteró que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado, de manera que su implementación, desarrollo y seguimiento representan un compromiso y una obligación de buena fe para todas las autoridades y entidades públicas.

En ese sentido, el Alto Tribunal precisó que, aunque el Gobierno nacional tiene un margen de apreciación para determinar los mecanismos y las acciones con los que cumplirá estos compromisos, esa facultad está limitada por los principios constitucionales de integralidad, progresividad y no regresividad.

En segundo lugar, la Corte señaló que las entidades estatales tienen la obligación de garantizar la implementación material del sistema de seguimiento de las garantías de seguridad humana contemplado en el Acuerdo Final de Paz.

Esta responsabilidad incluye medir de manera progresiva y sostenible los resultados de la política pública, mediante la recolección, el reporte, el análisis y el monitoreo de información. Para ello, deben utilizar herramientas de medición, como las baterías de indicadores, que permitan establecer si existen avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población firmante.

Finalmente, la Corte destacó que contar con mecanismos de seguimiento efectivos es indispensable para identificar oportunamente las fallas en la implementación de las garantías de seguridad y adoptar las medidas necesarias. De esta manera, insistió en que el Gobierno debe traducir sus compromisos en acciones verificables que permitan superar las barreras institucionales y garantizar la protección de quienes suscribieron el Acuerdo de Paz.

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