Coronel (r) Juan Carlos Figueroa reconoció su responsabilidad por 38 casos de falsos positivos en el Cesar

Durante dos jornadas de audiencia restaurativa, realizadas el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2, “La Popa”, reconoció su responsabilidad en 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.

De acuerdo con la información expuesta ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre las víctimas había 13 personas sometidas a desaparición forzada y nueve que fueron torturadas.

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Figueroa reconoció los tres patrones macrocriminales identificados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA): la entrega de víctimas por parte de grupos paramilitares, la selección ilícita de personas mediante engaños y la ejecución de personas heridas o rendidas que no tenían condición de combatientes.

“Reconozco que las conductas descritas anteriormente recayeron sobre personas que nunca debieron ser tratadas como enemigos y que su presentación como resultados operacionales agravó aún más el daño causado a ellas y no solamente a ellas, sino a sus familias, a sus pueblos y a sus comunidades”, declaró ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Por estos hechos, durante la audiencia, el excomandante pidió perdón por las ejecuciones, desapariciones, torturas y señalamientos contra las víctimas y sus familias.

“Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por todos los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares que nunca debieron cargar con ellos”, manifestó.

Además, les pidió perdón a las víctimas por “haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de esos seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes y que, como comandante del batallón, a través de los medios locales de comunicación, firmaba”.

Por su parte, las víctimas acreditadas por la JEP reclamaron verdad y dignificación para sus familiares.

“En ningún informe aquí encuentro que hubiera una persona que por lo menos fuera hijo de un congresista o de una persona de cuello blanco. Todas las personas que se ejecutaron fueron personas humildes, fueron personas nobles, como mi hermano John Hader”, afirmó Rocío Escorcia, una de las víctimas.

Según la Unidad de Investigación y Acusación, el coronel (r) Figueroa exigía a sus subordinados la presentación de “bajas”. De igual manera, señaló que existía un sistema de incentivos para premiar estos reportes con beneficios, que incluían dinero, permisos, felicitaciones y viajes internacionales.

Asimismo, integrantes de la tropa habrían armado kits con armas y uniformes para simular enfrentamientos. Incluso, varias de las víctimas fueron sepultadas como personas sin identificar en cementerios de Codazzi y Valledupar.

El caso también involucra a integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.

Entre las víctimas se encuentra Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y posteriormente presentada falsamente como integrante de la guerrilla.

Al finalizar la audiencia, el magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre como fecha para la lectura de la sentencia.

Sin embargo, debido a que el reconocimiento de responsabilidad es tardío, la sanción que se le podrá imponer será una pena de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, acompañada de componentes restaurativos.

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