Consejo de Estado ratifica legalidad de la adjudicación del dominio .CO

El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la legalidad de la adjudicación del contrato para la operación del dominio de internet de Colombia (.CO), al negar de manera definitiva las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad Central Comercializadora de Internet S.A.S. contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Con esta decisión, queda cerrado uno de los litigios de mayor impacto económico en el sector tecnológico del país.

La demanda buscaba la nulidad de la Resolución 649 de 2020 y del contrato suscrito para la operación del dominio .CO, en un proceso cuyas pretensiones económicas ascendían a $109.562 millones. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que el proceso de adjudicación se adelantó conforme a la ley, al pliego de condiciones y bajo los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, descartando cualquier irregularidad en la evaluación de las propuestas o en la decisión de adjudicación.

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Durante el trámite judicial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) intervino para respaldar la legalidad de las actuaciones del MinTIC. Su director, César Palomino Cortés, celebró la decisión: “Este fallo es una victoria jurídica para el Estado colombiano. No solo ratifica que se actuó conforme a la ley en un proceso contractual estratégico para la economía digital, sino que además protege directamente el patrimonio público y fortalece la confianza en la contratación estatal”.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había dado la razón al Estado y condenó en costas a la parte demandante, fijando las agencias en derecho en un valor equivalente al 3% de las pretensiones, es decir, cerca de $2.360 millones, de acuerdo con el artículo 188 del Cpaca.

El dominio .CO es uno de los activos digitales más relevantes para Colombia, pues la identifica en internet y genera ingresos importantes por su operación global. Debido a su importancia estratégica, su proceso de adjudicación ha sido objeto de especial atención para el país.

Con este fallo definitivo, se mantiene en firme la legalidad del contrato y se cierra una controversia de alto impacto económico, fortaleciendo la seguridad jurídica en los procesos de contratación pública del Estado colombiano.

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