Caso UNGRD: investigan reunión irregular de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Gustavo Bolaños en La Picota

Las autoridades investigan un encuentro entre Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la misma entidad, y Gustavo Bolaños, procesado por el escándalo de contratación de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), ocurrido en el patio ERE 1 de la cárcel La Picota, en Bogotá, el miércoles pasado.

La reunión se produjo un día después del traslado de López y Pinilla desde instalaciones militares al centro penitenciario, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según información revelada por La FM, tres fuentes de esa institución señalaron que los dos exfuncionarios no debían permanecer juntos y cuestionaron las circunstancias que permitieron el contacto con Bolaños.

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Las versiones conocidas coinciden en que los tres coincidieron dentro del establecimiento, aunque existen diferencias sobre la duración de la conversación y las condiciones en las que se desarrolló.

De acuerdo con la reconstrucción divulgada, Pinilla permanecía en el patio ERE 1 cuando López fue conducido hasta ese sector. Durante el movimiento se produjo el contacto entre ambos y posteriormente intervino Bolaños, quien se encuentra vinculado a otra investigación por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos.

Las fuentes penitenciarias consultadas por la emisora calificaron el procedimiento como “completamente irregular” y aseguraron que el desplazamiento de los internos no debió autorizarse en esas condiciones. Sin embargo, hasta el momento no se conoce públicamente un informe disciplinario o una decisión administrativa que establezca quién permitió el encuentro y qué disposiciones de seguridad pudieron incumplirse.

Una de las versiones conocidas señala que la conversación habría tenido como propósito “conspirar contra el gobierno”. Esta afirmación corresponde a señalamientos atribuidos a personas que tuvieron conocimiento del episodio y no constituye una conclusión judicial ni demuestra que los participantes hubieran acordado actuaciones contra el Ejecutivo.

Tampoco se han divulgado grabaciones, transcripciones o declaraciones oficiales que permitan establecer el contenido de lo conversado. La investigación deberá determinar las circunstancias de la reunión, los funcionarios responsables de los movimientos internos y la existencia de autorizaciones para el desplazamiento de los reclusos.

Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, confirmó que se produjo el contacto, pero sostuvo que la conversación duró aproximadamente cinco minutos. El defensor aseguró que las cámaras de seguridad del establecimiento permitirían comprobar el tiempo durante el cual estuvieron reunidos.

La explicación contrasta con los cuestionamientos de las fuentes penitenciarias, que consideran irregular el procedimiento. No obstante, la información disponible no permite establecer una duración diferente de la señalada por Moreno ni confirmar que las grabaciones hayan sido examinadas por una autoridad competente.

El nombre de Gustavo Bolaños adquiere relevancia por su vinculación con las investigaciones relacionadas con Aremca, organización señalada de intervenir en operaciones contractuales financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.

Las investigaciones sobre esa asociación comprenden el presunto direccionamiento de 101 contratos por más de $496.000 millones y posibles apropiaciones de recursos superiores a $80.000 millones.

Estas cifras corresponden a las operaciones investigadas y no representan necesariamente montos cuya apropiación ilícita haya sido establecida mediante sentencia definitiva.

El esquema investigado habría utilizado mecanismos de intermediación contractual entre entidades territoriales, organizaciones asociativas y empresas privadas para ejecutar proyectos financiados con dinero público.

Las autoridades buscan determinar la participación de los distintos involucrados y el destino de los recursos comprometidos.

Bolaños ha sido señalado como uno de los presuntos articuladores de esas operaciones. Su situación judicial corresponde a un expediente distinto del proceso de corrupción de la UNGRD, aunque su presencia en la reunión de La Picota motivó nuevos cuestionamientos sobre las condiciones de custodia de los internos.

Existe, además, un antecedente profesional entre el procesado y Luis Gustavo Moreno. El abogado representó anteriormente a Bolaños y adelantó gestiones encaminadas a una eventual colaboración con la justicia, mediante la cual su entonces defendido pudiera entregar información sobre otras personas vinculadas a las investigaciones.

Esa representación terminó después de que Bolaños decidiera no continuar con la estrategia de colaboración planteada. Moreno dejó de ejercer su defensa y actualmente representa los intereses judiciales de Sneyder Pinilla en las actuaciones relacionadas con el escándalo de Gestión del Riesgo.

La relación profesional anterior ha sido mencionada en la información sobre el encuentro, pero no demuestra por sí misma que existiera coordinación entre los tres internos ni permite atribuir al abogado participación en alguna actuación irregular.

El traslado de López y Pinilla a La Picota se efectuó el martes 6 de octubre, mediante la Resolución 008041 del Inpec, suscrita por su director general, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.

La medida dispuso su salida de las instalaciones militares donde permanecían privados de la libertad.
Hasta entonces, Olmedo López estaba recluido en el Cantón Caldas, mientras Sneyder Pinilla permanecía en la Escuela de Artillería, ambas instalaciones ubicadas en Bogotá.

Las condiciones especiales de custodia estaban relacionadas con las decisiones judiciales adoptadas durante sus procesos y con los riesgos derivados de su colaboración con la Fiscalía.

La Presidencia de la República informó oficialmente, el 6 de octubre, que el traslado se cumplió por orden del presidente Abelardo de la Espriella. El Gobierno sostuvo que la decisión respondía a la necesidad de aplicar las disposiciones penitenciarias a los dos exfuncionarios investigados por corrupción.

La medida generó objeciones de las defensas, que advirtieron sobre la existencia de decisiones judiciales anteriores relacionadas con el lugar de reclusión y la protección de los procesados.

La Fiscalía también había manifestado su preocupación por las consecuencias del traslado. Según la información conocida, el ente acusador solicitó el 16 de septiembre que López y Pinilla continuaran bajo custodia en instalaciones militares, debido a su participación como colaboradores en investigaciones contra exfuncionarios, congresistas y otros implicados.

Los dos antiguos directivos de la UNGRD han suministrado información sobre presuntas irregularidades en contratos públicos y posibles entregas de recursos destinadas a obtener apoyos políticos. Sus declaraciones forman parte de diferentes actuaciones judiciales que continúan en desarrollo.

El escándalo comenzó con las investigaciones por la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

Posteriormente, las diligencias permitieron examinar otros contratos, movimientos presupuestales y presuntas negociaciones con funcionarios y dirigentes políticos.

Las actuaciones derivadas de esas declaraciones comprenden distintos grados de responsabilidad y situaciones procesales. La inclusión de una persona en los testimonios de los exdirectivos no equivale a una condena ni permite establecer su responsabilidad sin las correspondientes decisiones judiciales.

En medio de la controversia por el traslado, Sneyder Pinilla dirigió una comunicación de nueve páginas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, en la que solicitó medidas para proteger su vida e integridad personal.

El exfuncionario pidió revisar las condiciones de su reclusión y evitar que su permanencia en un establecimiento penitenciario ordinario afectara las garantías necesarias para continuar declarando ante las autoridades.

En el documento, según la información divulgada, Pinilla recordó una decisión judicial del 29 de abril de 2025 relacionada con su permanencia en una guarnición militar del Ejército Nacional.

Su defensa sostiene que esa determinación debe ser respetada y que el cambio de establecimiento requiere una revisión judicial.

El procesado también señaló que su colaboración comprende información sobre 23 personas vinculadas a las investigaciones, entre ellas congresistas y antiguos integrantes del Gobierno.

La cifra corresponde al alcance de sus declaraciones y no significa que todas esas personas hayan sido condenadas o que enfrenten idéntica situación procesal.

La comunicación menciona igualmente el principio de oportunidad prorrogado el 14 de agosto de 2026, instrumento mediante el cual se establecen compromisos de colaboración con la Fiscalía bajo las condiciones y controles previstos en la legislación penal.

Por su parte, la fiscal novena delegada, María Cristina Patiño González, había respaldado la necesidad de mantener medidas de protección para los dos exfuncionarios, teniendo en cuenta la información que han entregado en las investigaciones.

La defensa de Olmedo López también acudió a las autoridades judiciales para cuestionar el traslado. Su abogado, José Luis Moreno Caballero, solicitó la intervención del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá con el propósito de revisar la decisión y procurar el restablecimiento del lugar de reclusión previamente dispuesto.

Los recursos presentados plantean una controversia entre las facultades administrativas del Inpec para determinar los establecimientos penitenciarios y las decisiones judiciales relacionadas con las condiciones de privación de la libertad.

La Ley 65 de 1993, que contiene el Código Penitenciario y Carcelario, establece disposiciones sobre la administración de los establecimientos y el traslado de personas privadas de la libertad. La aplicación de esas facultades debe observar las órdenes judiciales vigentes y las garantías de seguridad correspondientes.

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