Abogado venezolano revela presunta alianza de Maduro con las Farc y el ELN para traficar cocaína

La presunta cooperación entre Nicolás Maduro, Cilia Flores y organizaciones guerrilleras colombianas habría incluido el envío semanal de cargamentos de cocaína desde pistas clandestinas ubicadas en Venezuela, operaciones respaldadas por funcionarios militares y de inteligencia de ese país.

Así lo aseguró el abogado venezolano César Coello, quien examinó los señalamientos contenidos en la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el exmandatario y su esposa.

El jurista, exiliado en Washington desde 2018, sostuvo que las relaciones atribuidas a integrantes del Gobierno venezolano con las antiguas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se limitaron a permitir la presencia de sus integrantes en territorio fronterizo.

Según su versión, existió una estructura de cooperación que comprendía narcotráfico, suministro de armamento, acuerdos económicos y protección institucional.

Las declaraciones fueron entregadas este viernes durante una entrevista con el programa Mañanas Blu, en la que Coello se refirió a los nuevos elementos del proceso penal que adelantan las autoridades estadounidenses contra Maduro y Flores, detenidos en ese país.

La actualización judicial, divulgada oficialmente el jueves 8 de octubre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incorpora una acusación por conspiración para cometer tortura y mantiene los señalamientos relacionados con narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos vinculados con armas de fuego y artefactos destructivos.

Uno de los episodios descritos por el abogado corresponde a una reunión que, según la acusación estadounidense, se habría celebrado en 2013 entre Maduro, Flores y tres dirigentes de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko”; Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”.

El encuentro habría tenido como propósito resolver una deuda económica derivada de operaciones de narcotráfico. De acuerdo con la versión expuesta por Coello, ante la imposibilidad de efectuar el pago en dinero, Maduro habría aceptado entregar armamento, explosivos y minas antipersona a la organización guerrillera.

El abogado señaló que ese material podía utilizarse en acciones armadas contra las autoridades colombianas. La supuesta negociación forma parte de los hechos atribuidos por la Fiscalía estadounidense a los implicados y no constituye, por sí misma, una responsabilidad penal demostrada mediante sentencia.

La relación entre los antiguos mandos de las Farc y funcionarios venezolanos ya había sido objeto de investigaciones judiciales en Estados Unidos. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia anunció cargos por narcoterrorismo contra Maduro y otros dirigentes venezolanos, así como contra integrantes de la organización insurgente, por una presunta conspiración destinada a introducir cocaína en territorio estadounidense.

En aquella actuación, las autoridades norteamericanas atribuyeron a los acusados la utilización de estructuras estatales para facilitar el tráfico de estupefacientes.

La investigación incluyó señalamientos sobre protección de cargamentos, coordinación con organizaciones armadas y utilización del territorio venezolano como corredor para el transporte de droga.

La nueva acusación mantiene bajo examen judicial esas presuntas relaciones y amplía los cargos contra Maduro y Flores, aunque corresponde a la Fiscalía demostrar las conductas atribuidas a cada uno de ellos.

La utilización de pistas clandestinas constituye otro de los aspectos de la investigación. Coello aseguró que, de acuerdo con los elementos judiciales conocidos, desde instalaciones controladas por el ELN en Venezuela se realizaban despachos de cocaína con una frecuencia semanal.

El jurista explicó que esas operaciones habrían contado con la intervención de integrantes de las fuerzas militares y organismos de inteligencia venezolanos.

La presunta colaboración incluía condiciones de seguridad para el transporte de los cargamentos y protección de las rutas utilizadas por los narcotraficantes.

En una acusación anterior, presentada por la Fiscalía estadounidense, también se atribuyeron a Diosdado Cabello Rondón, dirigente del chavismo, desplazamientos a pistas clandestinas cercanas a la frontera colombo-venezolana entre 2022 y 2024, con el propósito de garantizar el tránsito de cocaína por territorio venezolano.

Las autoridades norteamericanas sostienen que los cargamentos salían de Venezuela hacia puntos de tránsito en el Caribe y Centroamérica, desde donde continuaban su recorrido hacia Estados Unidos.

La acusación señala que las operaciones involucraban organizaciones dedicadas a la producción, distribución y transporte internacional de estupefacientes.

El expediente también menciona relaciones con estructuras criminales mexicanas, entre ellas el cartel de Sinaloa y Los Zetas, así como con el Tren de Aragua. Según los fiscales, esas organizaciones habrían participado en diferentes etapas de la cadena de narcotráfico, mediante acuerdos con funcionarios venezolanos.

Otro antecedente incorporado a las investigaciones corresponde a la entrega de armas a las Farc en 2007. La Fiscalía estadounidense señaló que el general venezolano Clíver Alcalá Cordones habría suministrado cuatro cajas de armamento a integrantes de la guerrilla, por instrucciones de Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo Carvajal”.

De acuerdo con ese señalamiento, el material incluía 20 granadas y dos lanzagranadas. En junio de 2023, Alcalá Cordones se declaró culpable ante la justicia estadounidense de conspirar para proporcionar apoyo material a las Farc, organización que entonces tenía la designación de terrorista extranjera en Estados Unidos.

Las investigaciones también hacen referencia a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano. Según una acusación anterior, en 2020 habría participado en una reunión celebrada en Medellín con representantes de las Farc para discutir el transporte de cocaína y armas por Colombia hacia Estados Unidos.

El documento judicial sostiene que durante ese encuentro se abordó la posibilidad de mantener operaciones de traslado de estupefacientes durante los años siguientes, así como la entrega de armamento como parte de los acuerdos económicos con la organización.

En relación con los contactos políticos entre Maduro y los antiguos dirigentes guerrilleros, Coello recordó las declaraciones públicas pronunciadas por el entonces presidente venezolano durante el Foro de São Paulo, celebrado en Caracas en julio de 2019.

En aquella oportunidad, Maduro manifestó que “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” eran bienvenidos en Venezuela. El pronunciamiento fue incorporado posteriormente a los antecedentes examinados por las autoridades estadounidenses en sus investigaciones sobre los presuntos vínculos entre funcionarios venezolanos y las Farc.

La situación de esas organizaciones cambió después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia. El 30 de noviembre de 2021, el Departamento de Estado estadounidense retiró a las antiguas Farc de su lista de organizaciones terroristas extranjeras y designó por separado a las disidencias de las Farc-EP y la Segunda Marquetalia.
Por su parte, el ELN permaneció incluido en esa clasificación.

La acusación estadounidense le atribuye participación en actividades de narcotráfico internacional utilizadas para financiar sus operaciones armadas, además de presuntos acuerdos con funcionarios venezolanos.

La nueva actuación judicial contra Maduro y Flores fue anunciada por el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, y el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, junto con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos acusados enfrentan cinco cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, importación de cocaína y utilización o posesión de armas y artefactos destructivos vinculados con esas actividades.

El cargo de narcoterrorismo contempla una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La conspiración para importar cocaína establece un mínimo de diez años y también puede conducir a prisión perpetua, mientras que la conspiración para cometer tortura tiene una pena máxima de 20 años.

La Fiscalía sostiene, además, que Maduro y Flores habrían utilizado su influencia sobre instituciones militares, judiciales y policiales para facilitar actividades criminales y obtener beneficios económicos.

Esos señalamientos forman parte de la acusación formal y deberán ser examinados durante el proceso.

En el apartado relacionado con las presuntas torturas, las autoridades estadounidenses describen detenciones de ciudadanos norteamericanos en Venezuela y denuncian prácticas como descargas eléctricas, golpizas, privación de alimentos y agua, asfixia simulada y agresiones sexuales.

La Fiscalía también atribuye a funcionarios venezolanos la utilización de organismos de seguridad para perseguir opositores y personas consideradas contrarias al Gobierno. El expediente relaciona esas conductas con una estructura de represión que, según los investigadores, funcionó durante varios años.

El proceso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con la participación de los fiscales federales Kaylan E. Lasky, Henry L. Ross, Kevin T. Sullivan y Kyle A. Wirshba.

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