Casa por cárcel para Miguel Quintero Calle y libertad para Sebastián Ortega por caso de corrupción del AMVA

El juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín impuso este viernes medida de aseguramiento de detención domiciliaria a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La decisión se apartó de la solicitud de la Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana, que habían pedido que Quintero Calle fuera enviado a un establecimiento carcelario.

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Según la Fiscalía, Miguel Quintero Calle habría actuado como presunto determinador de un entramado relacionado con seis contratos suscritos durante la pandemia entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, por un valor cercano a los 17.000 millones de pesos.

El ente acusador sostiene que Quintero Calle habría promovido desde 2019 la llegada de Juan David Palacio Cardona a la dirección del Área Metropolitana y que posteriormente habría intervenido en la designación y salida de funcionarios para facilitar la celebración de los contratos investigados.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los recursos habrían sido distribuidos de manera irregular y Quintero Calle habría buscado apropiarse del 15% del valor de los contratos, equivalente a unos 2.481 millones de pesos: $1.654 millones para beneficio propio y $827 millones en favor de terceros.

A Quintero Calle también se le atribuye su participación en un acuerdo económico que se habría concretado en junio de 2020 en instalaciones del Área Metropolitana, entre Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Misael Cadavid. Este último suscribió un principio de oportunidad y se convirtió en uno de los principales testigos de la investigación.

Durante la audiencia, el abogado de Quintero Calle, Santiago Trespalacios Carrasquilla, pidió que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran declaradas ilegales y excluidas del proceso. Sin embargo, el juez rechazó esta solicitud.

Aunque Quintero Calle se declaró inocente durante la imputación de cargos, el juez consideró que existe una inferencia razonable de responsabilidad, por lo que impuso la medida de detención domiciliaria.

Dentro de este caso ya se conoce una condena, la de Juan Alberto Cardona Henao, contador y extesorero de los Bomberos de Itagüí, quien firmó un preacuerdo por falsificar documentos para tratar de justificar el desfalco en el Área Metropolitana. 

En la misma audiencia, el juez decidió dejar en libertad a Sebastián de Dios Ortega Urán, quien también fue imputado en el proceso por peculado por apropiación en favor de terceros agravado, cargo que no aceptó. 

Finalmente, la Fiscalía y la representación del Área Metropolitana anunciaron que apelarán las decisiones adoptadas por el juez.

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