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Capturan a 11 jóvenes en Bogotá acusados de terrorismo por actos similares a la Primera Línea

Fiscalía judicializa a presuntos integrantes de red violenta en Bogotá, serían responsables de ataques desde 2024.

Imágenes de seguridad evidencian actos vandálicos
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 12/12/2025 - 09:49 Créditos: Imágenes de seguridad evidencian actos vandálicos. Captura de video

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la detención de once ciudadanos señalados de integrar una red que habría ejecutado ataques en diferentes puntos de Bogotá, entre 2024 y 2025, en el contexto de movilizaciones sociales.

Las autoridades sostienen que los hechos tendrían relación con estrategias y métodos empleados durante las protestas de 2021, en las que surgieron grupos denominados como Primera Línea.

De acuerdo con el informe presentado por la Fiscalía, los detenidos pertenecerían a una organización que planeó y llevó a cabo, al menos, una docena de atentados dirigidos contra agentes de la fuerza pública, bienes de uso colectivo, sistemas de transporte urbano y edificaciones de carácter público y privado.

Las diligencias de captura se realizaron mediante registros y allanamientos simultáneos, y habrían estado precedidas por un proceso de seguimiento técnico y de recolección de evidencias.

En el expediente figuran dos personas señaladas como presuntos líderes de la agrupación: Sneider Sebastián Cantor Cortés, identificado con el alias de “Salvatore”, y Juan Sebastián Manios Lozano, conocido como “Tolima”.

Las investigaciones los vinculan con actividades de coordinación logística que incluirían la fabricación de artefactos incendiarios artesanales, como bombas molotov y explosivos conocidos como ‘papas bomba’.

Además, habrían asignado funciones específicas a otros integrantes del grupo para la ejecución de las acciones durante concentraciones callejeras.

Los demás procesados fueron identificados como Omar Millet Araya Romero (“No Educado”), Silva María Pinzón Camargo (“Chimol”), Daniel Felipe Pulido Sarmiento (“Chinche San”), Cristhian Camilo Medina Rojas (“Topo”), Carlos Raúl Torres Laguna (“Pri”), Camilo Andrés Portilla Castañeda (“Copete”), Brian Stiven Valderrama Cubides (“Garu”), Lennet Steven Mestra Montes (“83”) y Joan Sebastián Castellanos Díaz (“Slow”).

Durante los operativos judiciales fueron decomisados panfletos, una pistola traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas utilizadas en manifestaciones, elementos de pirotecnia, un hacha y banderas con símbolos diversos, los cuales están siendo evaluados por peritos para establecer su vínculo con los hechos objeto del proceso.

Entre los episodios investigados se encuentra un ataque con explosivos contra una patrulla policial ocurrido el 15 de marzo de 2024, que dejó a un uniformado lesionado.

Asimismo, el 21 de marzo del mismo año, se presentó la incineración de una motocicleta dentro de una universidad pública, y, el 25 de abril, fue reportada la quema de un vehículo del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que transportaba a doce pasajeros.

Ninguno de los ocupantes resultó lesionado, aunque se reportaron afectaciones psicológicas.

El hecho más reciente ocurrió el 11 de septiembre de 2025, cuando Brian Stiven Valderrama Cubides, alias “Garu”, resultó herido mientras manipulaba un artefacto explosivo dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional.

Las autoridades confirmaron que el joven fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente vinculado al proceso penal.

La fiscal adscrita a la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, empleo o lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público, y fabricación, tráfico o porte de armas, accesorios o explosivos de uso restringido por las Fuerzas Militares.

Según lo establecido por la Fiscalía, las conductas habrían sido cometidas en circunstancias que agravan su punibilidad.

Los procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares. El juez de control de garantías que atendió la diligencia decidió imponer medida de aseguramiento intramural para los once investigados, quienes permanecerán privados de la libertad en centros penitenciarios mientras avanza el juicio penal en su contra.

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