Audiencias preparatorias contra Sandra Ortiz en caso UNGRD se aplazan para febrero de 2026

Las audiencias preparatorias en el proceso judicial contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, quedaron aplazadas para el próximo año. La diligencia, que debía iniciar este miércoles 3 de diciembre, fue suspendida luego de que la defensa solicitara más tiempo para la recolección y descubrimiento del material probatorio requerido para el juicio.

Durante la sesión, el abogado Mauricio Camacho argumentó que no se encontraba en condiciones de igualdad frente a la Fiscalía para asumir el juicio oral. Aseguró que aún no ha logrado reunir los elementos materiales probatorios que pretende presentar y que hacerlo sin garantías procesales afectaría la estrategia de la defensa. La solicitud no tuvo oposición por parte de los intervinientes.

Tras escuchar los argumentos, la Juez 08 Penal del Circuito Especializado de Bogotá concedió la suspensión. La togada señaló que no era procedente sorprender a la defensa obligándola a descubrir pruebas que aún no ha podido obtener. En consecuencia, fijó la reanudación de las audiencias para el 11 de febrero de 2026.

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La situación judicial de Ortiz se definió luego de que la Fiscalía la acusara formalmente el 1 de septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según el ente investigador, la exconsejera habría sido un eslabón clave dentro del esquema de corrupción que rodeó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades sostienen que Ortiz habría facilitado la entrega de sobornos a congresistas con el propósito de asegurar apoyo legislativo a las reformas del Gobierno Nacional. La investigación la ubica como enlace entre los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.

De acuerdo con la acusación, Ortiz habría recibido millonarias sumas de dinero en dos oportunidades, trasladadas posteriormente en un vehículo oficial hacia sitios acordados con Name. Para la Fiscalía, la exfuncionaria conocía el origen ilícito de los recursos y su destinación política.

El caso gira en torno a la presunta manipulación de una orden de proveeduría para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en comunidades de La Guajira. Este contrato habría sido instrumentalizado dentro de un entramado de corrupción que hoy continúa bajo análisis judicial.

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