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Así extorsionaban una mujer y dos adolescentes a 20 transportadores en Soacha, Cundinamarca
Los conductores recibían amenazas de muerte y debían pagar entre $22.000 y $50.000 semanales para poder trabajar.
Una mujer fue enviada a prisión y dos adolescentes de 16 años quedaron bajo medida de internamiento preventivo por su presunta participación en una serie de extorsiones contra 20 conductores de transporte público en Soacha, Cundinamarca.
Según la Fiscalía General de la Nación, las víctimas eran amenazadas de muerte y obligadas a entregar pagos semanales de entre $22.000 y $50.000 por vehículo para poder desarrollar sus actividades laborales.
Los procesados fueron identificados como Yisseth Daniela De Diego Zarate y dos menores de edad, quienes, de acuerdo con la investigación, habrían participado durante los últimos dos meses en amenazas y exigencias económicas contra transportadores que prestaban servicio en diferentes barrios del municipio.
La Fiscalía estableció que los hechos se concentraban en el paradero de una ruta de transporte público, donde los conductores eran abordados para obtener información de contacto de otros compañeros que trabajaban en el mismo recorrido.
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Posteriormente, las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que presuntos integrantes de un grupo delincuencial les exigían pagos periódicos a cambio de permitirles continuar trabajando.
Las amenazas estaban dirigidas contra la vida de los transportadores, quienes debían entregar sumas que variaban según el vehículo. Las exigencias económicas se repetían semanalmente y afectaban a los conductores vinculados a la ruta.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por los investigadores, los presuntos extorsionistas utilizaban los números telefónicos obtenidos directamente de los trabajadores para establecer contacto con nuevas víctimas y ampliar las exigencias económicas.
La investigación permitió identificar a una mujer y dos adolescentes que presuntamente intervenían en las actividades de cobro y vigilancia. Uno de los menores habría tenido la función de observar los movimientos de los transportadores y controlar la entrega del dinero exigido.
La Policía Nacional realizó un procedimiento que permitió capturar a la mujer y aprehender a los dos adolescentes cuando recibían $300.000.
Según la Fiscalía, esta suma correspondía a dinero entregado en desarrollo de las presuntas extorsiones.
La intervención policial permitió poner a los tres señalados a disposición de las autoridades judiciales competentes para establecer su responsabilidad en las amenazas y exigencias económicas denunciadas por los conductores.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de extorsión agravada. Durante las diligencias judiciales, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Tras las actuaciones correspondientes, la autoridad judicial dispuso que Yisseth Daniela De Diego Zarate permaneciera privada de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.
En cuanto a los dos adolescentes, se ordenó su internamiento preventivo, una medida contemplada dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que establece procedimientos y disposiciones especiales para los menores de edad vinculados a investigaciones penales.
El caso involucra a 20 transportadores que, según la investigación, fueron objeto de amenazas y exigencias de dinero durante aproximadamente dos meses.
Si cada uno de los 20 conductores hubiera pagado semanalmente las cantidades exigidas, los desembolsos conjuntos habrían oscilado entre $440.000 y un millón de pesos por semana.
Sin embargo, la Fiscalía no precisó cuánto dinero alcanzaron a entregar efectivamente las víctimas ni el monto total obtenido por los presuntos responsables.
Tampoco identificó públicamente al grupo delincuencial al que pertenecerían los señalados ni especificó los barrios o la ruta de transporte público afectados por las extorsiones.
La Fiscalía informó sobre los resultados del proceso este domingo 18 de octubre de 2026 y señaló que las actuaciones judiciales se sustentan en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación.
Los tres procesados continúan vinculados al procedimiento penal correspondiente. La imputación de cargos y las medidas privativas de la libertad adoptadas no constituyen una declaración de culpabilidad, por lo que se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.
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