Gobierno De la Espriella alista revisión del Acuerdo de Paz para presentarla ante la ONU

El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella adelanta una revisión de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc, para así presentar su posición ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El Ejecutivo sostiene que, después de una década de implementación, es necesario evaluar qué resultados se han obtenido, cuáles programas han funcionado y qué aspectos requieren ajustes.

Lea también (Giorgia Meloni solicita registrar su voz para combatir su uso indebido mediante herramientas de IA y deepfakes)

Sin embargo, una eventual revisión no significa que el Gobierno pueda modificar libremente todos los compromisos establecidos en el acuerdo.

El Acto Legislativo 02 de 2017 incorporó a la Constitución disposiciones relacionadas con la implementación del Acuerdo Final y estableció que las actuaciones de las autoridades deben guardar coherencia con lo pactado y desarrollarse de buena fe.

De ahí que cualquier intento de modificar o frenar aspectos de su implementación tenga límites jurídicos y constitucionales.

El debate llegará el próximo 12 de octubre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el Gobierno presentará su posición frente al Acuerdo de Paz, en medio de una revisión interna sobre la manera como se ha ejecutado el pacto y sobre los cambios que pretende introducir en su implementación.

A mediados de julio, antes de posesionarse, De La Espriella criticó la política de paz y a la justicia transicional. En una alocución anunció la eliminación de la figura del Comisionado para la Paz y aseguró: “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”.

También sostuvo que, desde el 7 de agosto, el objetivo sería “el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”.

En ese proceso de reestructuración, el entonces presidente electo anunció que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final trasladaría sus funciones al nuevo Comisionado Nacional de Seguridad.

Esto conecta con lo que se ha conocido durante los últimos días. Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller Omar Bula informó al Reino Unido, país encargado de liderar los asuntos relacionados con Colombia en el Consejo de Seguridad, que el Gobierno pretende “remoldear” el acuerdo en función de las prioridades fijadas por el presidente De La Espriella.

Entre los componentes que están bajo observación aparecen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y las entidades encargadas de la reincorporación y la reforma rural.

Por ahora, el Gobierno no ha detallado qué programas continuarán bajo su actual estructura y cuáles tendrán modificaciones.

Los límites jurídicos

El punto central de la discusión está en diferenciar entre revisar la implementación y modificar los compromisos esenciales del Acuerdo de Paz.

Leonardo González, director de Indepaz, considera válida una evaluación después de diez años, pero advierte que debe existir una diferencia entre revisar la ejecución y modificar los compromisos fundamentales del acuerdo.

“Una cosa es revisar cómo se está implementando el acuerdo y otra cosa muy distinta es modificar los compromisos fundamentales. Ahí hay líneas rojas. Los derechos de las víctimas, por ejemplo, la justicia transicional, la reincorporación, la seguridad de los firmantes, que valga la pena decirlo, son quienes hoy están cumpliendo el Acuerdo de Paz”, afirmó. Dentro de estas también está la reforma rural, la sustitución de cultivos y la garantía de las comunidades.

Sobre la situación de seguridad en los territorios, el director sostuvo que esto no demuestra que el Acuerdo de Paz haya sido un error. Sino que “muestra todo lo que quedó pendiente por implementar. Es decir, la ausencia de implementación es lo que hace que existan hoy estos grupos armados”, dijo.

La JEP, otro punto de discusión

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también está en el centro de las diferencias entre el Gobierno y algunos sectores que cuestionan el funcionamiento del sistema de justicia transicional.

En septiembre, el Gobierno impulsó una reducción de $170.000 millones en el presupuesto destinado a la JEP para 2027. De acuerdo con la propuesta, $100.000 millones serían trasladados a la justicia ordinaria y otros $70.000 millones al sector deporte.

En materia de sentencias de fondo de los macrocasos, la JEP acumula cuatro decisiones en firme. Precisamente, la justicia transicional es uno de los puntos donde el Gobierno está insistiendo en la necesidad de revisar resultados.

Reforma rural y sustitución de cultivos

Otro de los capítulos que podría ser revisado es la Reforma Rural, considerada uno de los ejes centrales del acuerdo.

Según cifras citadas en el más reciente informe del secretario general de Naciones Unidas, hasta mediados de junio de 2026 se habían entregado cerca de 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas.

De esa cantidad, alrededor de 114.000 hectáreas contaban con títulos definitivos, frente a una meta de tres millones establecida en el acuerdo.

En materia de formalización de tierras, el avance alcanzaba 4.091.252 hectáreas, frente al objetivo de siete millones.

Sin embargo, estos resultados conviven con dificultades de seguridad, conflictos por la propiedad de la tierra y presencia de grupos armados en distintas regiones.

Por ahora, el mensaje del Gobierno es verificar cómo se ha ejecutado el acuerdo durante la última década y ajustar lo necesario.

Pero lo que todavía está por definirse es hasta dónde llegarán esos cambios y si se limitarán a modificaciones administrativas o terminarán abriendo una discusión más amplia sobre algunos de los mecanismos jurídicos e institucionales creados para cumplir lo pactado.

Otras noticias