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Tribunal de Medellín ordena detener contrato de seguridad de EPM por $73.745 millones
Irregularidades en proceso licitatorio y sus implicaciones legales y políticas.
El Tribunal de Medellín ha instado a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a detener la ejecución de un contrato de seguridad recientemente otorgado.
Este contrato, cuyo valor asciende a 73.745 millones de pesos, fue adjudicado a la compañía SOS Seguridad, con sede en Barranquilla.
La medida se produce después de que el Juzgado 17 Civil Municipal de Oralidad de la ciudad acogiera una solicitud legal presentada por la Compañía Andina de Seguridad (Andiseg), que argumenta a favor de la suspensión del acuerdo mencionado.
El documento legal emitido el primero de noviembre indica que Andiseg debe retomar la prestación del servicio hasta que se emita un veredicto definitivo.
El origen de la controversia data de agosto del presente año, cuando se levantaron acusaciones sobre posibles irregularidades en el proceso licitatorio que totaliza unos $120.000 millones.
Entre las anomalías señaladas está la demanda de una póliza de seguro colectivo que, aunque es un requisito estándar, fue considerada por algunos licitantes como una disposición que favorecía ofertas económicas desproporcionadamente bajas.
SOS Seguridad, la empresa en cuestión, presentó una de las propuestas más reducidas y fue preseleccionada en agosto para la adjudicación del contrato.
Además, se ha informado de implicaciones previas de SOS Seguridad en controversias de favoritismo político, en particular un incidente en la isla de San Andrés en 2016, que implicó consecuencias legales para el entonces gobernador Ronald Housni.
A pesar de estos antecedentes, EPM asignó el contrato a SOS Seguridad para la seguridad privada en sus instalaciones fuera del Valle de Aburrá por un período de un año, nueve meses y veintiocho días.
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