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Tribunal de Cundinamarca suspende convenios para expedir pasaportes entre Cancillería e Imprenta Nacional
La decisión cuestiona la planeación financiera, la seguridad y la viabilidad del nuevo modelo de pasaportes.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió dos convenios interadministrativos suscritos entre el ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional para poner en marcha el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.
Los acuerdos contemplan la implementación operativa del nuevo esquema, así como la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes. La determinación corresponde a una medida cautelar adoptada en el marco de uno de los dos litigios judiciales que existen alrededor del modelo de pasaportes impulsado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
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En esta etapa preliminar del proceso contencioso administrativo, el Tribunal encontró graves cuestionamientos relacionados con la planeación financiera, la incertidumbre técnica y de seguridad de la operación y el riesgo de afectación al patrimonio público.
Los convenios suspendidos corresponden a uno suscrito en 2025 y otro en 2026. Según los cuestionamientos analizados por la justicia, ambos comprometerían recursos del erario hasta 2036, sin contar con el aval del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), organismo encargado de coordinar el sistema presupuestal de Colombia.
El Tribunal también puso bajo la lupa la falta de información precisa sobre aspectos fundamentales de la operación.
Incluso con el proceso judicial en curso, la Imprenta Nacional no habría informado con claridad la ubicación exacta ni la disponibilidad real de los documentos, así como si los pasaportes están siendo expedidos en Colombia o en el exterior.
También existen interrogantes sobre las condiciones de seguridad de los lugares donde se realiza la personalización de las libretas y los costos detallados de producción de los pasaportes.
A estas dudas se suman inconsistencias en los cronogramas y en los diferentes informes institucionales, cuyos datos resultarían contradictorios frente a la forma en que se ha presentado públicamente la implementación del nuevo modelo.
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Uno de los ejemplos señalados está relacionado con la participación del antiguo operador privado.
Mientras se reportaba que el nuevo esquema de expedición de pasaportes funcionaba con normalidad y que se encontraba en una fase exclusiva, los propios datos de producción correspondientes a mayo de 2026 mostraban una realidad diferente.
De acuerdo con esas cifras, el 60,1% de los pasaportes expedidos todavía estaba a cargo del proveedor privado saliente, Thomas Greg & Sons.
Además, la producción de las libretas en Colombia, en conjunto con la Casa de la Moneda de Portugal, solamente se desarrollaría de manera gradual a partir de enero de 2031.
Estos elementos forman parte de las dudas que ahora analiza la justicia frente a la estructuración y ejecución del nuevo modelo de pasaportes.
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