Supersociedades sanciona a Luket S.A.S., empresa vinculada a alias “El Pastuso” en caso Ungrd

La Superintendencia de Sociedades impuso una sanción administrativa contra la empresa Luket S.A.S. tras establecer su responsabilidad en actos de corrupción relacionados con contratos para el suministro de materiales destinados a la atención de emergencias en varias regiones del país.

La decisión se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley 2195 de 2022 y se produce en medio de las investigaciones que han rodeado el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la entidad, la sanción fue adoptada el 8 de abril de 2026 luego de un proceso en el que se determinó que la sociedad participó en irregularidades asociadas a órdenes de proveeduría suscritas entre 2023 y 2024 para atender emergencias en San Pablo (Nariño), Quibdó (Chocó) y Guapí (Cauca). Estos contratos alcanzaron un valor total superior a 2.257 millones de pesos

Como resultado del proceso, la Superintendencia impuso una multa de 569 millones de pesos, ordenó la inhabilidad de la compañía para contratar con el Estado, la remoción de su administrador y la prohibición de recibir subsidios públicos durante diez años.

La decisión también contempla la publicación de la sanción como medida de transparencia.

Origen y rol de Luket S.A.S.

Luket S.A.S. es una sociedad que operaba en el suministro de materiales para obras y atención de emergencias, particularmente en zonas con alta vulnerabilidad.

Según los hallazgos administrativos, su participación en contratos relacionados con la gestión del riesgo se habría dado mediante esquemas que favorecieron sobrecostos y direccionamiento en la contratación.

Las órdenes de proveeduría que dieron origen a la investigación están vinculadas a la red de contratación cuestionada dentro de la UNGRD, entidad que ha sido objeto de múltiples investigaciones penales y disciplinarias por presuntos desvíos de recursos públicos destinados a la atención de desastres naturales.

El caso de Luket S.A.S. se inscribe dentro de un entramado más amplio de irregularidades detectadas en la UNGRD, donde se investiga la adjudicación de contratos a empresas y operadores sin la debida transparencia.

Las pesquisas han señalado la existencia de intermediarios y estructuras que habrían facilitado el direccionamiento de recursos públicos.

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En ese contexto, la sociedad sancionada habría sido uno de los vehículos utilizados para ejecutar contratos bajo condiciones cuestionadas, especialmente en la provisión de materiales en zonas afectadas por emergencias.

Alias “El Pastuso”, cuyo nombre es Luis Eduardo López Rosero, es un empresario y contratista que se convirtió en una de las piezas centrales del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Su participación está directamente ligada al cuestionado contrato para la adquisición de carrotanques destinados a llevar agua a comunidades de La Guajira, operación que terminó convertida en uno de los episodios más graves de desvío de recursos públicos en los últimos años en Colombia.

Las investigaciones judiciales establecieron que López Rosero intervino en la estructuración y ejecución de ese contrato, considerado irregular por sobrecostos y direccionamiento.

En el proceso penal, el propio contratista aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, lo que permitió esclarecer parte del entramado.

Por estos hechos fue condenado a una pena cercana a los seis años y ocho meses de prisión, además de una multa multimillonaria que supera los 7.900 salarios mínimos legales vigentes.

El papel de alias “El Pastuso” no se limitó a la ejecución contractual. Las autoridades lo consideran un actor clave en la articulación entre funcionarios públicos y contratistas dentro del esquema de corrupción.

Su colaboración con la justicia incluyó la devolución de más de 7.700 millones de pesos y el suministro de información relevante para avanzar en otras líneas de investigación, lo que lo posicionó como testigo dentro del proceso.

En cuanto a los delitos imputados, la justicia determinó su responsabilidad en concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y falsedad en documento público y privado, conductas que evidencian la manipulación del proceso contractual y la apropiación indebida de recursos destinados a atender emergencias.

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