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CAR restringe uso de agua a embotelladora de Coca-Cola en La Calera y reduce captación en 42%
Suprime tres manantiales a la multinacional y recorta concesión.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adoptó una decisión definitiva sobre la operación de la embotelladora Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (INDEGA S.A.S.), vinculada a Coca-Cola FEMSA, en el municipio de La Calera, al negar la prórroga para el uso de tres de los siete manantiales que explotaba y reducir de manera significativa el caudal autorizado en los restantes.
La medida quedó consignada en la Resolución 347 de 2026, resultado de un análisis técnico y jurídico que incluyó modelaciones hidrológicas, estudios hidrogeológicos y evaluaciones sobre la variabilidad climática en la zona.
Con base en estos insumos, la autoridad ambiental determinó que la empresa no podrá continuar la captación en los pozos 5, 6 y 7, ubicados en el predio Los Cerritos, en la vereda Santa Helena.
En contraste, la CAR autorizó la continuidad del aprovechamiento en los pozos 1, 2, 3 y 4, situados en el predio San José, pero con una reducción del 42 % en el caudal permitido, que pasa de 3,23 a 1,9 litros por segundo.
Esta cifra coincide con el volumen máximo que había sido autorizado desde 2014, cuando se renovó la concesión por diez años para la explotación de siete manantiales en la zona
La vigencia de los permisos también fue modificada. La autoridad ambiental redujo el periodo de concesión de diez a cinco años, tras lo cual se deberá realizar una nueva evaluación condicionada al comportamiento de la oferta hídrica en el territorio.
Condiciones ambientales y control reforzado
La decisión incorpora criterios de prevención frente a posibles afectaciones sobre la disponibilidad de agua en La Calera.
En ese sentido, la CAR estableció que la empresa deberá suspender de manera inmediata la captación en caso de presentarse eventos como sequías, contaminación, desastres naturales o cualquier situación que reduzca los caudales disponibles, conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Como condición para mantener el uso de los cuatro manantiales autorizados, INDEGA S.A.S. deberá implementar un sistema de medición en tiempo real del caudal captado y una estación hidrometeorológica conectada mediante telemetría a la red de monitoreo de la entidad.
Además, la empresa deberá presentar un nuevo plan de compensaciones ambientales bajo los lineamientos más estrictos definidos en la Resolución 284 de 2025.
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Este plan incluye la adquisición de 53,4 hectáreas en ecosistemas de páramo y zonas altoandinas, destinadas a procesos de conservación y restauración con especies nativas.
Dentro de las obligaciones también se contempla el diseño e implementación de obras hidráulicas que permitan abastecer de manera alternativa el acueducto municipal, tanto en el área urbana como rural, utilizando los caudales de los manantiales que dejaron de estar autorizados para explotación industrial.
Un proceso marcado por la presión ciudadana
La decisión de la CAR se produce tras más de un año de análisis en el que intervinieron autoridades locales, organismos de control, organizaciones sociales y comunidades del municipio.
El director de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, señaló que el proceso se sustentó en criterios técnicos y en la evaluación integral de la disponibilidad del recurso.
El caso ha sido objeto de seguimiento por parte del Gobierno nacional. En octubre de 2025, el Ministerio de Ambiente solicitó a la CAR revisar el trámite de concesión y garantizar que cualquier decisión priorizara el consumo humano, en línea con la normativa vigente.
La cartera ambiental también advirtió que las concesiones no pueden prorrogarse de manera automática y deben sustentarse en estudios rigurosos que consideren el impacto ambiental y las condiciones climáticas.
De forma paralela, la Procuraduría General de la Nación pidió mayor rigor técnico en la evaluación del permiso y la realización de estudios hidrogeológicos independientes, al señalar inconsistencias en los informes que respaldaban la solicitud de prórroga
La explotación de estos manantiales por parte de la embotelladora se remonta a la década de 1980 y ha sido objeto de cuestionamientos por parte de comunidades y sectores ambientales.
La concesión vigente hasta 2024 permitía la captación de agua subterránea para la producción de bebidas, actividad que ha coexistido con episodios de racionamiento en el municipio y preocupaciones sobre la sostenibilidad del recurso.
Informes y denuncias públicas han advertido sobre posibles impactos en el abastecimiento local y prácticas de intervención en los nacimientos de agua, lo que motivó investigaciones administrativas y procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental.
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