SIC investiga esquema de corrupción en contratación pública por cerca de $2 billones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó priorizar las investigaciones en contra de un esquema de corrupción en la contratación pública de relevancia nacional. 

La hipótesis apunta a una red presuntamente liderada por Moisés Hernández, también conocido como Moisés Garvin, a través de la utilización de varias empresas supuestamente independientes que actuaban de forma coordinada en distintos procesos de selección con el Estado. El objetivo de esta estrategia era falsear la libre competencia para aumentar la probabilidad de éxito en las licitaciones de contratos que sumarían cerca de $2 billones, por lo cual se ordenó la revisión de más de 300 procesos contractuales.

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De acuerdo con las indagaciones de la entidad, desde el año 2022 las firmas Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam —todas vinculadas a Garvin— registraron un crecimiento acelerado en la adjudicación de contratos públicos. La hipótesis bajo análisis señala que la participación conjunta de estas compañías no obedecía a una competencia real de mercado, sino que buscaba simular una pluralidad de oferentes que facilitara la adjudicación de las licitaciones a favor del señor Garvin.

El entramado investigado evidencia un modus operandi complejo para perder el rastro de los entes de control, el cual incluía cambios reiterados de nombre o razón social en las organizaciones. Asimismo, la SIC identificó un constante movimiento de directivos entre las distintas empresas, coincidencias en la conformación de sus juntas directivas y vínculos personales entre estructuras que, sobre el papel, figuraban compitiendo entre sí.

A estos hallazgos se suman antecedentes disciplinarios previos contra el principal implicado. Moisés Hernández fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación debido a irregularidades en la ejecución de contratos estatales, lo que derivó en la destitución de los mismos e inhabilidades para ejercer cargos públicos durante un periodo de 14 años.

Ante la gravedad y magnitud de los hechos identificados, la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso la respectiva remisión de copias del expediente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que adelanten las actuaciones correspondientes en el marco de sus competencias.

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