“Si no hay energía, hay apagón”: representante de Nencol responde a Petro por polémica planta térmica

La controversia por la adjudicación de un proyecto térmico a gas en el norte del país abrió un nuevo choque dentro del Gobierno nacional y volvió a poner sobre la mesa el debate entre la transición energética y la necesidad de garantizar el suministro eléctrico en Colombia.

El detonante fue un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó duramente la aprobación de una planta asociada a la más reciente subasta del cargo por confiabilidad, mecanismo diseñado para asegurar energía firme durante periodos críticos como los fenómenos de sequía.

El mandatario aseguró que el proyecto se desarrollaría en inmediaciones de la denominada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio protegido por su valor espiritual y cultural para los pueblos indígenas de la región.

“¿De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la Línea Negra que decreté para proteger el corazón del mundo?”, escribió Petro, quien calificó la iniciativa como una “traición” al programa de Gobierno y cuestionó el impulso a proyectos basados en combustibles fósiles.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien defendió los resultados de la subasta energética y afirmó que el proceso estuvo orientado principalmente al fortalecimiento de fuentes renovables. Según explicó, de los 15 proyectos adjudicados, 14 corresponden a iniciativas solares y eólicas.

Palma indicó además que el proyecto térmico cuestionado tiene una capacidad potencial cercana a 2.200 megavatios, aunque en la subasta únicamente fueron asignados 288 megavatios, equivalentes a menos de una sexta parte de su capacidad total.

También aclaró que la iniciativa todavía debe superar varios trámites técnicos y ambientales antes de entrar en operación, un proceso que podría tardar entre tres y cuatro años.

En medio de la controversia intervino Jorge Castellanos, representante legal de Nodo Energético del Norte de Colombia S.A. E.S.P. (Nencol) y Termoinduenergy, compañías vinculadas al proyecto.

Durante una entrevista concedida Caracol Radio, el empresario defendió la legalidad y viabilidad de la iniciativa, asegurando que el proceso lleva más de una década de preparación y cumplimiento normativo.

Nosotros hicimos un proceso hace más de 10 años, en el proceso de subastas de energía, cumpliendo toda la normatividad, y estamos orgullosos de eso”, afirmó Castellanos, quien sostuvo que toda la documentación relacionada con el proyecto reposa en entidades oficiales como la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Minas y Energía y XM.

El empresario aseguró que el proyecto cuenta con procesos de consulta previa, licenciamiento ambiental y avales institucionales. También señaló que las comunidades indígenas kogui, arhuaca, wiwa y kankuama participaron en las etapas exigidas por la ley mediante la Agencia Nacional de Consultas Previas.

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La Agencia Nacional de Consultas Previas es el ente del Estado que regula estar o no estar dentro de esas líneas negras. Eso se surtió con los kogui, los arhuaco, los wiwa y los kankuamo”, manifestó Castellanos durante la entrevista radial.

La discusión ha puesto nuevamente en evidencia las diferencias dentro del Gobierno sobre el rumbo de la política energética.

Mientras el presidente Petro insiste en acelerar el abandono de los combustibles fósiles y priorizar proyectos solares y eólicos, sectores técnicos y empresariales advierten que las plantas térmicas continúan siendo necesarias para respaldar el sistema eléctrico nacional durante periodos de baja generación hídrica o de insuficiencia en las renovables.

Castellanos defendió precisamente ese argumento al asegurar que el país requiere proyectos capaces de garantizar “firmeza energética”, diferenciando ese concepto de la expansión de energías renovables.

“Si no hay energía, hay apagón”, afirmó el representante de Nencol y Termoinduenergy, quien sostuvo que la planta busca evitar riesgos de desabastecimiento eléctrico en el futuro.

El debate tomó fuerza luego de conocerse los resultados de la subasta realizada el pasado 22 de mayo, mediante la cual el Gobierno adjudicó proyectos destinados a garantizar suministro entre 2029 y 2030. Según cifras divulgadas por el Ministerio de Minas y Energía, las inversiones comprometidas rondan los 16 billones de pesos.

El presidente Petro también cuestionó la necesidad de fortalecer proyectos a gas en medio de los preparativos ante un eventual nuevo fenómeno de El Niño. El mandatario sostuvo que la respuesta frente a las sequías debe estar enfocada en generación solar y no en ampliar la infraestructura asociada al gas natural.

La polémica incluso generó reacciones desde distintos sectores políticos y económicos. Algunos dirigentes señalaron que la controversia evidencia problemas de coordinación dentro del Ejecutivo, mientras gremios y expertos del sector energético insistieron en que el país necesita mantener fuentes de respaldo mientras avanza la transición energética.

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