Sena y Fiduagraria en líos por hallazgos fiscales y penales tras cuestionada gestión

Tras sendas auditorías, la Contraloría General de la República encontró diversos hallazgos fiscales y penales en el Sena y en Fiduagraria.

En el caso del Sena, con 11 hallazgos fiscales por $2.308 millones, 77 hallazgos de carácter disciplinario y 2 con posible incidencia penal, concluyó la auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente a la vigencia 2024.

Los hallazgos fiscales se concentraron principalmente en las regionales del SENA en Santander y Antioquia. Se evidenciaron deficiencias en la gestión fiscal, tales como debilidades en la supervisión y ejecución de contratos, manejo inadecuado de inventarios, problemas en el suministro de tiquetes y transporte de aprendices, así como ausencia de soportes para los pagos realizados, entre otros aspectos.

En el proyecto de ampliación del SENA - Centro Agroecológico de San Gil (Santander), se configuró un hallazgo fiscal por $1.008 millones, correspondientes a recursos entregados a un tercero para la prestación de asistencia técnica y la administración de fondos.

No obstante, 70 meses después de la firma del contrato, la necesidad que se pretendía satisfacer aún no ha sido atendida. A febrero de 2025, el informe de avance de obra presentado por el contratista (Fondo Mixto para la Promoción del Deporte) reportó apenas un 1,5 % de ejecución.

Por su parte, en la Regional Antioquia del SENA, se identificó un hallazgo fiscal superior a $645 millones, derivado de la ausencia de 256 elementos en bodega sin las respectivas resoluciones de baja.

Esto contraviene la guía para la administración y control de bienes y evidencia una grave deficiencia de control interno, al no realizarse seguimiento a lo estipulado ni cumplirse el Manual de Políticas Contables del SENA.

La auditoría financiera, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Inclusión Social, incluyó la revisión de las regionales departamentales del SENA en Antioquia, Arauca, Atlántico, Casanare, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y la Dirección General.

Como resultado de este ejercicio auditor, la Contraloría General no feneció la cuenta del SENA, con base en la opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, la gestión y el manejo del presupuesto, así como la eficiencia y calidad del control interno financiero.

La CGR emitió Opinión Negativa sobre los estados contables de la entidad, al no reflejar razonablemente, en todos los aspectos materiales, su situación financiera al 31 de diciembre de 2024.

En consecuencia, también se emitió una Opinión Presupuestal con Salvedades. Las principales incorrecciones que afectaron la opinión presupuestal corresponden a la constitución de reservas presupuestales sin el cumplimiento de los requisitos normativos, situación que impidió su refrendación y afectó los recursos de la vigencia 2024.

Estas deficiencias se asociaron a fallas en la planeación, en contravía del principio de anualidad presupuestal. Además, se identificó una falta de seguimiento a la ejecución de las vigencias futuras.

La auditoría financiera generó impactos positivos en el uso de los recursos públicos por parte del SENA. Producto de las observaciones comunicadas por la CGR, se lograron beneficios de auditoría por un total de $4.958 millones.

El más representativo corresponde a $4.855 millones, relacionados con el pago de rendimientos financieros establecidos en un contrato de encargo financiero, suscrito para el desarrollo de obras civiles en el proyecto “Actualización de la infraestructura física del Centro Agroturístico de San Gil – Santander”.

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En este contrato, además, se evidenció un posible hallazgo penal por contratación sin el lleno de los requisitos legales.

La Contraloría General evidenció graves deficiencias en dos contratos suscritos por el SENA – Regional Magdalena, por un valor de $2.493 millones, destinados a la construcción de almacenes en los centros de Gaira y Promoción Ecoturística.

Estos proyectos, iniciados en 2023 y actualmente suspendidos, presentan ausencia de estudios técnicos y topográficos actualizados, fallas en las etapas precontractual y contractual, así como modificaciones no justificadas técnicamente. Asimismo, se identificó falta de control por parte de la interventoría.

Estas deficiencias comprometen la correcta ejecución de los recursos públicos y afectan el acceso a infraestructura educativa adecuada.

La CGR anunció que hará seguimiento y evaluará posibles responsabilidades fiscales y/o disciplinarias.

Caso Fiduagraria

En el caso de Fiduagraria, en su rol como operadora del Programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), se evaluó el uso y administración de recursos públicos que presentan rezagos de ejecución a 31 de enero de 2025, y como resultado se constituyeron 25 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta connotación fiscal por un valor de $4.250 millones y 23 posible incidencia disciplinaria.

Además, se ordenó la apertura de una indagación preliminar y se trasladó uno de los hallazgos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El hallazgo fiscal más significativo de esta auditoría es por $1.857 millones y corresponde al Contrato de Obra No. 081 de 2023, celebrado por Fiduagraria con el Consorcio La Bendición, cuyo objeto era ejecutar 351 soluciones de vivienda rural.

Se evidenció en este caso que, a pesar del incumplimiento del contrato y las prórrogas otorgadas por Fiduagraria, el contrato no se cumplió y los recursos entregados a título de anticipo por la suma de $1.857.377.803,13 no han sido amortizados, ni devueltos por el contratista.

De acuerdo con el acta de visita fiscal adelantada durante los días 24 y 25 de abril del presente año, Fiduagraria señaló que a la fecha se habían materializado cinco (5) mejoramientos de vivienda, de las cuales no se tienen los recibos a satisfacción, ni su protocolización.

Una situación similar dio lugar a un hallazgo fiscal por más de $730 millones en el caso del contrato de obra No. 082 de 2023 celebrado con el Consorcio La Unción, al que se le entregaron a título de anticipo recursos por dicho valor, que no han sido amortizados, ni devueltos.

La Contraloría evidenció que, pese a las prórrogas otorgadas por Fiduagraria, el contrato no se cumplió, los anticipos no fueron amortizados ni reintegrados, y no se iniciaron gestiones ante la aseguradora.

Las acciones correctivas fueron tardías e ineficaces, lo que genera posible responsabilidad fiscal y disciplinaria.

La CGR advierte que los hallazgos detectados en esta auditoría de cumplimiento no corresponden a hechos aislados, sino que evidencian problemas estructurales y recurrentes en la administración de los recursos del programa de Vivienda de Interés Social Rural, que tiene como fin mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables del campo colombiano.

Los incumplimientos abarcan desde la etapa de planeación y estructuración, pasando por la ejecución contractual, hasta la ausencia de acciones efectivas para proteger los recursos públicos ante casos de incumplimiento por parte de los contratistas.

Además, se señala la falta de articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que ha dificultado la adecuada implementación del programa VISR y ha impactado negativamente el acceso de familias rurales vulnerables al derecho a una vivienda digna.

Ante los hallazgos fiscales y administrativos determinados, la Contraloría General reitera la necesidad de que Fiduagraria S.A. y el Ministerio de Agricultura actúen con prontitud para recuperar los recursos públicos comprometidos y adopten medidas correctivas contundentes que eviten la repetición de estas situaciones.

La CGR emitió un concepto de incumplimiento material adverso frente a la gestión fiscal de Fiduagraria, al constatar que la información presentada por la entidad no es conforme en aspectos fundamentales como el cumplimiento de la normativa vigente, la garantía del derecho a la vivienda digna y los principios de la función administrativa.

Entre las principales deficiencias detectadas se destacan fallas contractuales en la construcción de viviendas rurales, retrasos significativos en las fases de diagnóstico y estructuración de proyectos, falta de efectividad en los procesos de reclamación ante aseguradoras por incumplimientos de contratistas y falta de actualización de pólizas y amortización de anticipos.

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