Presunto detrimento fiscal por más de $800.000 millones en la ANI por Viaducto Chirajara

La Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como resultado de una Auditoría de Cumplimiento realizada al contrato de concesión 4G de iniciativa privada Chirajara–Fundadores y otros contratos asociados al corredor vial, correspondientes a las vigencias 2022-2025.

De acuerdo con el organismo de control, en el marco del Contrato de Concesión No. 444 de 1994 se evidenció que, aunque las obras fueron construidas y entregadas de manera progresiva entre junio de 2015 y febrero de 2024, incluyendo el nuevo Viaducto Chirajara, todavía permanece fuera de operación un tramo de 6,5 kilómetros de la vía Bogotá-Villavicencio.

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La Contraloría explicó que este tramo no ha podido entrar en funcionamiento debido a que continúan sin repararse los daños en el Túnel 13 y tras el colapso del Puente 1 del sector 3A, ocurrido el 15 de junio de 2019 en inmediaciones del kilómetro 58 de este corredor vial.

El ente de control señaló que, pese a que el Viaducto Chirajara quedó completamente terminado el 4 de febrero de 2024, la infraestructura aún no ha sido recibida formalmente por la ANI, no ha entrado en operación y no está cumpliendo el propósito para el cual fue construida con recursos públicos. Según la auditoría, esta situación impide su integración funcional con la doble calzada Bogotá-Villavicencio y afecta la prestación continua, eficiente y segura del servicio público de transporte.

Durante la auditoría también se verificó que un laudo arbitral del 10 de noviembre de 2023 estableció que la ANI asumió el riesgo por la inestabilidad de la ladera ubicada en el kilómetro 58, decisión que se produjo después de los daños estructurales registrados en el sector. 

En ese fallo, la Agencia fue condenada a ejecutar las obras necesarias para reparar el Túnel 13 y el puente afectado, con el fin de habilitar su operación, así como la del Viaducto Chirajara y el tramo de doble calzada del que hace parte.

Para la Contraloría, la ANI no adelantó de manera adecuada, suficiente y oportuna las gestiones necesarias para ejecutar las intervenciones requeridas en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), cuya responsabilidad quedó establecida en el laudo arbitral. A juicio del organismo, esta falta de acciones mantiene sin funcionalidad tanto el viaducto como el tramo de doble calzada asociado.

El ente de control resaltó además que han transcurrido más de 32 meses desde la expedición del laudo arbitral y más de 29 meses desde la culminación del Viaducto Chirajara, sin que la ANI haya logrado una solución efectiva para habilitar la infraestructura. Según la Contraloría, esta situación mantiene inactivo un importante tramo de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, impide que cuantiosos recursos públicos cumplan el fin para el que fueron destinados y aumenta el riesgo de deterioro progresivo de las obras.

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