Polémica por contrato de activista que habría promovido protestas contra la Andi con la Presidencia

La controversia por las protestas en favor de Palestina y contra la detención de dos colombianas en la flotilla Global Sumud sigue creciendo. Las manifestaciones, que derivaron en daños a fachadas y en ataques contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), han generado fuertes críticas hacia el Gobierno nacional.

En la mañana del jueves 2 de octubre, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, cuestionó la supuesta relación de la Presidencia con las protestas. 

Juan Camilo Villabos una de las personas que convocó el hostigamiento contra la ANDI ayer en Bogotá es contratista de la Presidencia de la República.

Aún así, amigos del gobierno anti empresa dicen que lo de ayer fue una “acción espontánea del movimiento social” pic.twitter.com/S4TrRBUeOV

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 2, 2025

El cabildante compartió un documento en el que acusó a Juan Camilo Villalobos, activista defensor de la causa palestina, de haber promovido las movilizaciones violentas, y reveló que este tendría un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El contrato, por un valor cercano a los $10 millones y con vigencia de treinta días, señala que Villalobos fue vinculado como asesor en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Según el documento, su labor consiste en “prestar servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa (...) para apoyar las actividades de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión”.

“Juan Camilo Villalobos, una de las personas que convocó el hostigamiento contra la Andi ayer en Bogotá, es contratista de la Presidencia de la República. Aun así, amigos del gobierno antiempresa dicen que lo de ayer fue una ‘acción espontánea del movimiento social’”, expresó Briceño en sus redes sociales.

El episodio ha provocado una ola de solidaridad con la Andi. El Consejo Gremial Nacional calificó los asedios contra empleados y sus familias en Bogotá, Cali y Medellín como “inadmisibles” y advirtió que este tipo de hechos amenazan la integridad y libertades individuales.

“El respeto a los derechos de cada uno de los ciudadanos no puede estar subordinado a los intereses electorales de actores políticos”, señaló el gremio, al tiempo que rechazó el uso de lenguaje estigmatizante que, a su juicio, puede incitar a la violencia y poner en riesgo la vida y el bienestar de los colombianos.

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