Censura a la prensa en México: Claudia Sheinbaum pide no ver TV Azteca

La relación entre el Gobierno Federal y los medios de comunicación en México ha entrado en una de sus etapas más críticas. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidente de ese país, Claudia Sheinbaum, lanzó una contundente e inédita declaración dirigida directamente hacia una de las principales cadenas de televisión del país, al pedir de manera abierta a la ciudadanía: "No vean TV Azteca". 

El polémico llamado de la mandataria se dio en el contexto de sus críticas hacia la cobertura de diversos medios sobre el colectivo "Mexicanos al Grito de Paz", una organización que recientemente colocó mantas acusatorias contra funcionarios de la llamada Cuarta Transformación (4T). Visiblemente molesta por el tratamiento de la información, Sheinbaum acusó a la televisora del Ajusco de difundir "mentiras descaradas" y difamaciones con el único propósito de desgastar a su administración.

La reacción de la empresa, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, no se hizo esperar. A través de un enérgico comunicado de prensa emitido por sus canales oficiales, TV Azteca calificó la postura de la jefa del Ejecutivo como un atentado flagrante contra los derechos informativos en el país. 

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"Lo que usted hizo hoy, y tenemos que decirlo con todas sus letras, es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa", sentenció la firma mediática. 

Dentro de su posicionamiento, la cadena sostuvo que el llamado al boicot gubernamental será inútil, argumentando que millones de mexicanos sintonizan diariamente sus contenidos informativos, deportivos y de entretenimiento. Asimismo, el consorcio del Ajusco aseguró que los ataques desde el poder político responden a sus investigaciones periodísticas sobre la creciente inseguridad, la corrupción y los presuntos vínculos de funcionarios oficialistas con el crimen organizado, afirmando que no dejarán de emitir críticas porque "al gobierno le incomode la verdad". 

Ante la ola de cuestionamientos de periodistas, organizaciones civiles y partidos de oposición que encendieron las alarmas por lo que consideran un acoso sistemático a la prensa independiente, Claudia Sheinbaum volvió a tocar el tema en su siguiente comparecencia matutina para defender su postura. La presidenta negó categóricamente que desde su administración se pretenda amordazar a los comunicadores o condicionar las líneas editoriales mediante la fuerza institucional.

“Cuando digo 'no vean esa televisión', pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a nadie”, argumentó la mandataria federal, buscando trazar una línea divisoria entre el uso de los aparatos coercitivos del Gobierno y lo que ella definió como su propio derecho a la libertad de expresión. De igual forma, descartó por completo cualquier intención de retirar las concesiones de transmisión a la empresa de Salinas Pliego, señalando que "hay tanta libertad que se ataca permanentemente al gobierno incluso con mentiras".

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, la jefa del Ejecutivo redobló la apuesta al vincular la línea editorial de la televisora con los millonarios litigios fiscales que el conglomerado Grupo Salinas ha mantenido con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sheinbaum sugirió abiertamente que el enojo de los directivos se debe a que han tenido que pagar sus adeudos de impuestos, e incluso planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) debería revisar el origen de los recursos con los que se financian ciertas empresas de comunicación en el país. 

El choque ha profundizado la polarización en el panorama de los medios de comunicación en México. Mientras los simpatizantes del gobierno defienden el derecho de réplica presidencial y respaldan la próxima creación de la sección el "Detector de Mentiras en grande" en las mañaneras, diversos analistas y gremios periodísticos advierten que el uso del micrófono presidencial para descalificar y asfixiar comercialmente a un medio de comunicación sienta un precedente sumamente peligroso para la salud democrática del país.

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