Ministerio de Minas solicita a Superservicios aclarar plan de intervención en Air-e

El Ministerio de Minas y Energía solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) información detallada sobre la estrategia empresarial que esta entidad anunció para enfrentar la situación de la empresa Air-e, responsable de la distribución de energía eléctrica en la región Caribe.

La solicitud se produce en medio de tensiones institucionales por el cambio del agente interventor y por la aparente ausencia de coordinación previa entre ambas entidades del Estado.

La petición fue remitida por el titular de la cartera, Edwin Palma Egea, mediante un oficio dirigido al superintendente Yanod Márquez.

En la comunicación, fechada el 16 de junio, el ministro expresó su preocupación por el hecho de que la propuesta haya sido divulgada por medios de comunicación sin haber sido previamente compartida con el Ministerio.

Según argumentó, dicha omisión obstaculiza la posibilidad de implementar medidas conjuntas y coordinadas frente a los retos del sistema eléctrico en la costa norte del país.

En el documento, Palma señaló que “en aras de una acción coordinada y eficaz por parte del Estado”, es necesario conocer de forma completa el contenido, los alcances y las implicaciones de la propuesta anunciada por Superservicios.

El Ministerio advirtió que, ante la crítica situación del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, se requiere un abordaje institucional integral para garantizar respuestas oportunas a los usuarios, así como para fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del prestador intervenido.

El pronunciamiento del Ministerio se conoce pocos días después de que la Superservicios oficializara el nombramiento de Nelson Javier Vásquez Torres como nuevo agente especial interventor de Air-e.

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Durante la ceremonia de posesión, la entidad explicó que la designación busca avanzar en el proceso de intervención adoptado por el Gobierno nacional para mejorar la calidad del servicio y garantizar la viabilidad operativa de la empresa.

Vásquez Torres, quien asumió funciones en reemplazo del anterior interventor, posee formación como administrador público, es especialista en Gerencia Financiera, cuenta con una maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Ambientales.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado cargos en entidades públicas del orden nacional y distrital. Entre sus antecedentes figuran posiciones como jefe de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, secretario general del Ministerio de Minas y Energía, y subsecretario de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital del Hábitat.

La intervención de Air-e fue implementada en un contexto de reiteradas quejas por parte de usuarios de la región Caribe, debido a interrupciones constantes, cobros elevados y deficiencias en la infraestructura eléctrica.

Desde su inicio, la medida ha estado acompañada por decisiones administrativas orientadas a corregir fallas operativas, modernizar redes y garantizar la continuidad del servicio.

Sin embargo, la falta de concertación entre el Ministerio y la Superservicios en torno a la estrategia futura para la empresa generó un nuevo episodio de fricción institucional.

Hasta el cierre de esta edición, la Superintendencia no ha emitido respuesta pública al requerimiento presentado por el ministro Palma, ni ha precisado si la propuesta anunciada contempla nuevos esquemas tarifarios, cambios en la estructura de gestión o ajustes en la política de inversiones.

El Ministerio reiteró su disposición a continuar colaborando con la Superintendencia en la definición de soluciones estructurales para el sector eléctrico, especialmente en zonas donde persisten condiciones de vulnerabilidad energética.

También hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de articulación entre las entidades responsables de la política pública, la regulación y la vigilancia, con el objetivo de evitar decisiones unilaterales que puedan afectar la eficacia de las intervenciones estatales.

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