Gobierno expide plan de austeridad para frenar el gasto público

El ministerio de Hacienda ha implementado un conjunto de medidas enfocadas en la reducción del gasto público para el presente año. A través del reciente Decreto 199 de 2024, se establece un ambicioso Plan de Austeridad dirigido a todas las entidades y órganos estatales que forman parte del Presupuesto General de la Nación, con el objetivo primordial de generar ahorros significativos que se estiman alcanzarán los US$600 millones.

Este plan integral abarca diversas áreas de gestión y operación dentro del sector público, poniendo especial énfasis en la racionalización del uso de los recursos disponibles. Entre las directrices más destacadas se incluyen la modificación de los criterios para la suscripción de contratos de prestación de servicios, la regulación de las horas extras y el manejo de las vacaciones. Asimismo, se establecen restricciones en la adquisición de bienes inmuebles y vehículos, así como en los gastos relacionados con la publicidad y la adquisición de material de oficina.

Una de las medidas que resalta dentro del decreto es la normativa referente a los desplazamientos aéreos. Se establece que todos los viajes, tanto nacionales como internacionales, deben realizarse en clase económica o en una categoría cuyo costo no exceda el de esta. Sin embargo, se contemplan excepciones para vuelos de duración superior a ocho horas o cuando los ministros necesiten viajar para actividades relacionadas con el financiamiento del Estado.

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El Plan de Austeridad también promueve una reducción significativa en los gastos de publicidad estatal. Se insta a las entidades a evitar la contratación de publicidad personalizada y se sugiere una mayor prudencia en la adquisición de materiales promocionales. Además, se enfatiza la importancia de priorizar los encuentros virtuales sobre las reuniones presenciales, tanto para las actividades oficiales como para las comisiones al exterior, estableciendo que cualquier desplazamiento internacional de funcionarios debe justificar la necesidad de presencia física y contar con una autorización previa.

En lo que respecta a la contratación de personal para servicios profesionales, se exigirá una justificación detallada que respalde la necesidad de dicha contratación, asegurando que el pago de horas extras se limite a situaciones estrictamente necesarias. La Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional revisarán los esquemas de seguridad de los servidores públicos con el fin de optimizarlos y evaluar la implementación de dispositivos tecnológicos como cámaras o alarmas que puedan contribuir a la eficiencia en este ámbito.

Finalmente, la adquisición de vehículos oficiales quedará restringida a aquellos casos en los que se justifique plenamente su necesidad, considerando la antigüedad del automotor a reemplazar y su uso efectivo dentro de las funciones estatales.

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